La motosierra del Gobierno se activó en uno de los sectores más sensibles de la población. Mientras UNICEF advierte que casi nueve millones de niños y niñas de la Argentina son pobres, Javier Milei desactivó programas nacionales de asistencia y acompañamiento que se desplegaban en todo el territorio. Se trata de diversas políticas públicas que se instrumentaban desde la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; ahora denominada Subsecretaría de Políticas Familiares.
Becas, construcción de centros de primera infancia, prevención del embarazo adolescente, capacitaciones contra la violencia infantil y asistencia económica directa son algunas de las prestaciones en riesgo a partir del despido de cientos de trabajadores, lo que implicó el desguace y paralización de áreas específicas que trabajaban para las infancias.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes puso el alerta en el marco de un informe presentado en la Cámara de Diputados en la interrupción de varios de los programas que buscaban garantizar derechos de este segmento de la población. Entre ellos, por ejemplo, la falta de pago del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE), que consta de un aporte mensual para adolescentes que dejan los hogares de tránsito y comienzan su vida adulta. La mayoría de ellos tienen que comenzar a pagar un alquiler y afrontar sus propios gastos de manutención. En total son 2.489 adolescentes que cobran un subsidio mensual para este fin y aún no recibieron el pago correspondiente al mes de febrero.
Otro de los programas desarticulados es el Programa Nacional de Primera Infancia. Son más de dos mil Centros de Desarrollo Infantil de provincias, municipios y ONGs planificados para sectores populares. En los cuatro meses del gobierno de Javier Milei se dejaron de pagar las becas a todos estos Centros. Además, están paradas las más de 500 obras de refacción de los CDIs, que se estaban haciendo con un crédito BID, y tampoco se están construyendo nuevos.
La aplicación de la Ley 27.709, conocida como Ley “Lucio” también está paralizada. Se trata de la normativa que estableció la Creación de Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Programa “Crecer con Derechos”, para prevenir la violencia contra las infancias. Con un amplio consenso, la normativa se había puesto en marcha el año pasado y, entre agosto y diciembre, se habían capacitado a 20 mil agentes para todo el país. Hoy están inactivos.
La motosierra también alcanzó a la Ley de Reparación Económica de Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como Ley Brisa. Mas de 1.400 titulares perciben una indemnización mensual. Sin embargo, no hubo más altas desde el 10 de diciembre de 2023.
Por otra parte, los apoyos económicos y técnicos a las Provincias, Municipios y ONGs también se interrumpieron. Hasta ahora no hubo ninguna transferencia presupuestaria ni técnica. Tampoco hubo nuevas capacitaciones a referentes de acompañamiento ni se renovaron los convenios vencidos para este fin con algunas provincias.
En total, en la exSenaf hubo 348 trabajadores y trabajadoras despedidos. Las desvinculaciones se hicieron en tres etapas a lo largo de estos cuatro meses y así, los diversos programas fueron quedando inactivos. En muchos casos, se trata de agentes que fueron capacitados por el mismo Estado que hoy prescinde de ese capital humano.
El contexto para el ajuste es alarmante. Un informe reciente de Unicef estimó el incremento en los niveles de pobreza infantil en lo que va del gobierno de Milei. Según advierte la organización, un “ejercicio de microsimulación para el primer trimestre de 2024, revela un aumento ostensible de la pobreza monetaria de niñas y niños: de concretarse ciertas previsiones macroeconómicas la pobreza total ascendería a un 71% y la pobreza extrema a un 34%. En términos poblacionales, implicaría que 8,8 millones de chicas y chicos serían pobres y 4,3, indigentes. Esto es una alerta para la política pública ya que, de registrarse los valores estimados se estaría frente a una crisis profunda con grandes repercusiones en el bienestar no sólo actual sino también de largo plazo, a través de la denominada transmisión intergeneracional de la pobreza”.
Desde la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano a cargo de Pablo De La Torre destacan que los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar fueron duplicados y el Plan Mil Días tuvo un incremento de 500 por ciento. El monto de este último pasó de 3 mil a 20 mil pesos. Sin embargo, lo que advierten desde la Defensoría es que estas sumas se tornan insuficientes si, al mismo tiempo, se recortan todos los programas de asistencia nacionales. “No sirve solamente aumentar las percepciones si por otro lado quitás el acompañamiento en salud, crianza, en los Centros de Desarrollo Infantil o si cortás las obras para espacios de cuidado”, señalaron ante la consulta de Ámbito. “Dieron más dinero a la gente, pero desarticularon todas las políticas. El acompañamiento no existe más”, alertaron.
Desde la Defensoría comandada por Marisa Graham agregaron: “El temor es que se pierda la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Siempre trabajamos en la perspectiva de sus derechos en relación a sus familias. La preocupación de la Defensoría y los organismos de niñez de las provincias es que los facilitadores y capacitadores están siendo desvinculadas. Desaparece personal que fue capacitado durante años para estas tareas”.
Fuente: ambito.com
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