Casi diez mil detenidos hubo en el primer semestre de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires, según detalla un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación en el que se advierte sobre el incremento de la inseguridad en Capital Federal en los primeros seis meses del año y la precaria situación que viven los reclusos.
Durante el período enero-junio del corriente año, hubo 9.659 detenidos y alojados en dependencias de la Ciudad y, en particular, las Comunas 1, 3, 4 y 7 concentran más del 50 por ciento de detenciones con alojamiento.
El delito con mayor porcentaje fue el de robo y hurto con el 63,3 por ciento, le sigue el 9 por ciento contra las personas y el 8,6 por ciento el de resistencia a la autoridad.
Luego, el 5,3 por ciento es contra la administración pública, el 4,6 por ciento por tenencia y tráfico de estupefacientes y el 2,8 por ciento por violencia de género.
En cuanto a las personas alojadas en alcaidías, el pico máximo fue de 1.248 personas el pasado 25 de marzo, alcanzando una sobrepoblación de 466 personas.
Otro dato preocupante es que, frente a la sobrepoblación, las personas detenidas "en espera de alojamiento" son las que padecen las más gravosas condiciones materiales, ya que, permanecen esposadas por periodos que pueden extenderse varios días, en oficinas, quinchos, depósitos, lactarios, subsuelos, guardias internas.
En base al rango etario, en el que no se integra a menores por permanecer al sistema juvenil, el informe indica que las personas de 21 a 30 años alcanzan el 46,1% de los casos.
Sobre la nacionalidad de los detenidos, el 84,2 por ciento eran argentinos y el 15,8 por ciento provenientes de Perú, Paraguay, Chile y Colombia, entre otros países de la región.
Del total, el 72.2 por ciento se encontraba esperando resolución judicial, un 17,9 por ciento cumplía prisión preventiva en estas dependencias y un 9,9 por ciento permanecía alojado ya con una condena.
Ante el escenario desalentador, la Procuración Penitenciaria de la Nación "denuncia que el alojamiento en estos espacios no permite garantizar los derechos básicos establecidos en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para las personas detenidas".
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