Con los votos del oficialismo porteño y sus aliados, la Legislatura de la Ciudad dio una primera sanción a la reforma del Código Urbanístico (CUR), enfocada en preservar los barrios de edificaciones bajas y trasladar las grandes construcciones a las avenidas, además de crear incentivos para desarrolladores en el sur capitalino.
El proyecto fue enviado a la Legislatura el 30 de julio por la administración de Jorge Macri y debatido durante el último mes y medio, tiempo en el cual se realizaron varias modificaciones al texto original tras el intercambio con distintos bloques políticos.
El texto obtuvo 32 votos positivos –necesitaba 31– de Vamos por Más (que incluye al PRO y la Coalición Cívica) junto a sus aliados de la UCR, Confianza Pública, el socialismo, Republicanos Unidos y una facción libertaria.
En contra votaron tres legisladores de La Libertad Avanza y tres del Frente de Izquierda; mientras que se abstuvieron los integrantes del bloque de Unión por la Patria, junto a tres diputados que responden a Patricia Bullrich y Marina Kienast, del Frente Liberal Republicano.
Este ajuste al Código Urbanístico requiere de una segunda aprobación ya que se encuadra en las normas de “doble lectura”, que estipulan una audiencia pública para la participación ciudadana, probablemente hacia fines de octubre, para luego regresar al recinto para una nueva votación.
Más allá de los criterios de planificación urbana, hubo fuertes acusaciones antes de la sesión debido a la posibilidad de incorporar a último momento un artículo que buscaba restablecer la obligación de que los edificios de más de 25 unidades tengan una vivienda destinada a los encargados de la portería.
La propuesta, impulsada por el bloque de Unión por la Patria y considerada en el marco de las negociaciones con el oficialismo porteño, fue rechazada enfáticamente por Confianza Pública, Coalición Cívica y la UCR. La negativa a acompañar el artículo provocó acusaciones cruzadas, demorando el inicio de la sesión por más de cinco horas.
Cerca de las 18 finalmente hubo quórum en el recinto de la Legislatura, donde también circuló la versión final del proyecto sin el apartado cuestionado.
Los cambios aprobados
El nuevo CUR impulsado desde el Ejecutivo busca responder a la tensión generada en diversos sectores de la población porteña por el incremento de construcciones en zonas de casas bajas que afectó la identidad barrial.
Se reorganizaron las Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja (USAB), que regulan edificaciones de hasta 14,60 metros, dividiéndolas en tres escalas: USAB 0 (hasta 9 metros), USAB 1 (hasta 12 metros) y USAB 2 (hasta 14,60 metros). Así, se evitará la aparición de edificios altos en los barrios, trasladando esa capacidad constructiva a corredores y avenidas.
También se recuperaron los centros libres de manzana, espacios de suelo verde absorbente que habían sido limitados en el Código vigente desde 2018.
Otra reforma incorporada fue la “capacidad constructiva adicional”, que fomenta el equilibrio urbano revitalizando áreas en el sur de la ciudad mediante incentivos a desarrolladores para invertir en esas zonas y recibir beneficios para proyectos en polígonos con más densidad urbana.
La legisladora oficialista Paola Michielotto consideró que lo aprobado “es un primer paso para seguir trabajando” y destacó la importancia de “los cambios en las alturas de las construcciones que mejoran la transición de los centros barriales a los corredores y avenidas, preservando la identidad de los barrios”.
“Los verdaderos protagonistas de este trabajo son los vecinos. Fueron y seguirán siendo escuchados para llegar a los consensos necesarios”, añadió respecto a las modificaciones realizadas al texto original del Ejecutivo.
El trabajo legislativo dejó sin efecto la propuesta de construir edificios sin balcones en zonas residenciales; también se eliminaron los polígonos señalizados en el capítulo de la “capacidad constructiva adicional” y se quitó la posibilidad de avanzar en los englobamientos de parcelas por encima de los 2500 metros cuadrados.
Como novedad, se sumó la denominación de “áreas de desarrollo prioritario” a un sector del barrio de Constitución y el polo industrial de la avenida Avellaneda, en Flores, para estimular ambas zonas, que registran algún grado de deterioro urbano.
Otra incorporación respaldada por la mayoría de los bloques fue la preservación como espacio verde de cuatro lotes localizados en el parque ferroviario de Colegiales.
Quedaron pendientes para el debate en segunda lectura temas como que las plazas de la ciudad obtengan la denominación de “urbanización parque” para garantizar la conservación del suelo absorbente; la incorporación de propuestas urbanas elaboradas por grupos de vecinos en defensa de la identidad barrial y la inclusión de barrios populares dentro de la normativa urbana.
Las voces a favor y en contra
Manuela Thourte, presidenta del bloque de UCR-Evolución, indicó que “se buscó actualizar el Código Urbanístico para lograr un mayor equilibrio entre el norte y el sur de la ciudad”, y definió la “capacidad constructiva adicional” como una herramienta interesante, pero advirtió que para la segunda lectura “trabajarán para que no sean perjudicados los pequeños y medianos desarrolladores”.
Graciela Ocaña, de Confianza Pública, resaltó que lo aprobado “es fruto de un reclamo de los vecinos que hace tiempo vienen advirtiendo por el cambio en sus barrios” y destacó “la voluntad política de los bloques de tratar de encontrar un acuerdo” pese a expresar su queja por el acotado tiempo que tuvieron para el debate parlamentario.
Claudia Neira, vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria, afirmó que trabajaron para “enderezar” el proyecto remitido por la administración porteña con la consigna de “resolver la vida a la gente que tiene problemas concretos con el CUR”, pero advirtió que “muchos de los temas pedidos no estuvieron en el texto” por lo cual se abstuvieron.
Entre los legisladores que tampoco acompañaron la votación estuvo la diputada de La Libertad Avanza Pilar Ramírez, que criticó duramente el proyecto: “Esta reforma no está bien, es de puras pretensiones. No puedo creer que tengamos que resolver la planificación de una de las ciudades más importantes a las apuradas, sin ninguna visión”.
El legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano justificó su voto en contra al denunciar que este código generará “una expulsión del vecino y del trabajador del sur de la ciudad”. Mientras que Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, sostuvo que “esto no es en beneficio para el conjunto de la población, sino que lo es para un grupo que hace negocios con las tierras porteñas”.
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