La Fundación Apolo, a través de los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, con el patrocinio de la letrada Elizabeth Márquez, denunció penalmente a Natalia Álbarez Gómez, actual rectora de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), por presunta usurpación de funciones públicas (artículo 246 del Código Penal). Además, el escrito alcanza a los miembros de la Junta Electoral General de la universidad por dictar resoluciones contrarias a la ley (artículo 248 del Código Penal).
Según la presentación, la funcionaria habría sido oficializada como candidata y luego proclamada rectora sin reunir los requisitos legales exigidos por la Ley de Educación Superior N° 24.521, el Estatuto Universitario y el Convenio Colectivo de Trabajo del sector docente universitario. La denuncia señala que no accedió a la docencia mediante concurso público de antecedentes y oposición, condición indispensable para integrar órganos de gobierno y ejercer la máxima autoridad universitaria.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal e impulsa pedidos de informes a la UNLaR y un requerimiento de actuaciones judiciales a la Cámara Federal de Córdoba, donde tramitan causas conexas sobre la legalidad del proceso electoral.
A pesar de las impugnaciones presentadas, la Junta Electoral General oficializó la candidatura mediante la Resolución N° 21/2024, contrariando la normativa vigente y desoyendo el principio constitucional de idoneidad para el acceso a la función pública. En el escrito se subraya que esta situación vulnera la jerarquía normativa del sistema universitario y afecta la transparencia y legalidad del proceso electoral.
La ONG anticorrupción sostuvo que la autonomía universitaria no puede utilizarse como excusa para violar la ley: "La autonomía está limitada por la Constitución y la Ley de Educación Superior. Cuando se ignoran esos límites, la autonomía se convierte en refugio de ilegalidad", argumentaron los denunciantes.
El texto también advierte sobre un grave deterioro de la institucionalidad universitaria, ya que la permanencia en funciones de una autoridad que no cumple con los requisitos de idoneidad «socava el principio republicano de responsabilidad y mérito en la función pública.
Desde Apolo sostuvieron que "es de público conocimiento que Álbarez Gómez mantiene una clara vinculación con el oficialismo provincial riojano y que su figura ha estado asociada a episodios de fuerte contenido político, como su presunta participación en la toma del edificio de la Legislatura de La Rioja y los hechos de violencia allí ocurridos, tales como la quema de su puerta de acceso. Por otra parte, la propia Universidad Nacional de La Rioja decretó duelo institucional con suspensión de actividades académicas y administrativas tras el fallecimiento de la madre de la denunciada".
Finalmente, la Fundación solicitó que la Justicia ordene la apertura de una investigación penal para determinar responsabilidades y disponga las medidas necesarias para preservar la documentación electoral y las resoluciones vinculadas al proceso en cuestión.
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