El jueves, el Congreso de la Nación fue escenario de emociones encontradas mientras el Senado debatía y finalmente aprobaba la ley de emergencia en discapacidad en la Argentina. Afuera, familiares, organizaciones sociales y agrupaciones mantenían una vigilia que terminó en festejos al confirmarse la sanción de una norma que asegura presupuesto para prestadores y pensiones hasta 2027. Sin embargo, la incertidumbre persiste tras el anuncio del Presidente Javier Milei de que vetará la ley.
Detrás de los titulares, se esconde una realidad cotidiana que atraviesan miles de familias. En los últimos tiempos, el Gobierno dispuso la revisión de 270.000 pensiones por discapacidad en todo el país. Algunas fueron dadas de baja sin previo aviso y, para quienes intentan iniciar el trámite, el camino está plagado de requisitos administrativos.
Además, el atraso en los pagos a instituciones y prestadores —la última actualización RO-10 fue en diciembre de 2024— genera el cierre de escuelas, falta de profesionales, escasez de medicamentos y dificultades para los transportistas que asisten a personas con discapacidad. A esto se suma el congelamiento de sueldos desde 2023 para trabajadores con discapacidad en ONGs, que dependen del aporte estatal.
La historia de Valentina Bassi, actriz y mamá de Lisandro, de 17 años y con diagnóstico de trastorno del espectro autista, refleja la lucha diaria de muchas familias. Valentina recuerda que el diagnóstico de su hijo fue ambiguo al principio, pero a los cuatro años le recomendaron iniciar el trámite del certificado de discapacidad. Lisandro asiste a doble escolaridad en una escuela especializada, con profesionales formados para acompañar su desarrollo y un acompañante terapéutico que colabora en su rutina diaria y actividades fuera del aula.
Sobre el impacto de la ley, Valentina es clara: “Si no se veta y se reglamenta, respiramos. No es que vamos a estar geniales, pero el peligro de que cierre la escuela especial, el lugar de contención más importante para mi hijo, no va a estar. El miedo a perder los apoyos es muchísimo”. También advierte sobre la falta de medicación para quienes la necesitan y la reducción de los servicios de transporte, esenciales para acceder a terapias.
Las pensiones por discapacidad, cuenta Valentina, se han reducido y en algunos lugares se utilizaron como planes sociales, algo que considera inadmisible. Sin embargo, destaca la importancia de no abandonar a quienes realmente lo necesitan.
Valentina y Ulises, papás de Lisandro, realizaron el documental “Presente Continuo”, que se proyecta los sábados a las 18 horas en El Malba. La propuesta busca mostrar la vida cotidiana de una familia con discapacidad puertas adentro, y luego de cada función, se generan debates entre padres, familias y terapeutas que enriquecen la experiencia.
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