Por Abigail Hermo | @abihermo
El juez Julio Baez sentenció a tres años de prisión en suspenso al oficial de la policía Metropolitana, Daniel Germán Castagnasso, por el crimen de Nehuén Rodriguez, y lo inhabilitó para conducir durante seis meses. Una vez finalizado el juicio, el acusado se fue a su casa en libertad.
Roxana, mamá de Nehuén, dijo al salir de los Tribunales: “Me preocupa el atenuante que implementaron. Un llamado al 911 no les permite a los patrulleros pasar un semáforo en rojo, o ir a alta velocidad. Están naturalizando que los policías vayan atropellando a todo aquel que se lo cruce”.
Se abre una segunda investigación a José Daniel Soria Barba, quien acompañaba a Castagnasso en el móvil policial y declaró como testigo, por haber realizado afirmaciones falsas durante el juicio, por lo que podría caberle el delito de falso testimonio.
EL CASO
Nehuén tenía 18 años, acababa de egresar del secundario. En sus tiempos libres hacía teatro y, como cualquier otro chico de su edad, amaba el fútbol. Aunque vivía en La Boca con su familia, era hincha fanático de Huracán, el club de sus amores.
La noche de la tragedia, el 15 de diciembre de 2014, Nehuén tomó su moto y salió a la calle rumbo al barrio de Parque Patricios, para festejar el ascenso de su querido club Huracán a la primera división. Pero la celebración se convirtió en luto, cuando una camioneta Ford Ranger de la Policía Metropolitana, conducida por el oficial Daniel German Castagnasso lo atropelló y lo mató en la intersección de las calles Brandsen y Dr. Ramón Carrillo, en el barrio de Barracas.
La versión del policía, que conducía acompañado del subinspector José Daniel Soria Barba, fue que iban a 37 kilómetros por hora. Sin embargo, los testigos aseguran que pasaron rapidísimo. En las pericias se comprobó que el cuerpo de Nehuén fue arrastrado veintiséis metros.
Los efectivos de la Policía llamaron inmediatamente a otro patrullero. A los pocos minutos, una camioneta de la Metropolitana llegó al lugar. Quien no llegó tan rápido fue la ambulancia, que se demoró más de media hora para asistirlo, algo que llamó la atención de los vecinos, por tratarse de una zona rodeada de hospitales: tal es así que el Hospital Argerich se encuentra ubicado a menos de veinte cuadras.
También se demoraron en llegar el fiscal y los efectivos de la Policía Federal de la comisaría 28, que concurrieron al lugar del hecho recién a las seis de la mañana, cuando el juez ordenó intervenir en el caso. La escena estuvo liberada a la Metropolitana durante seis horas.
LA CAUSA Y SUS IRREGULARIDADES
Al principio la causa figuraba como homicidio simple, pero a los pocos días se redujo a homicidio culposo, cuyas penas son aún más leves.
Los policías imputados declararon que circulaban con las balizas y sirenas encendidas, pero cuando se solicitaron las filmaciones de la cámara de seguridad ubicada exactamente en el lugar del hecho, los informes de la Metropolitana establecieron que ese 15 de diciembre la cámara solo registró imágenes del asfalto. Casualmente, las numerosas cámaras aledañas tampoco pudieron registrar imágenes del patrullero, ya que no funcionaban.
Asimismo, la moderna camioneta en la que circulaban los policías tampoco contaba con el GPS que permitiría establecer la velocidad, ni la cámara a bordo con que cuentan todos los vehículos de las fuerzas de "seguridad". Esta versión aportada en la causa por la policía Metropolitana no coincidía con lo dicho por los testigos que afirmaron que el patrullero cruzó en rojo a gran velocidad, sin balizas, ni sirenas.
Además, se supo que, Nehuén, transitaba con casco por la calle Brandsen con su motocicleta Gilera GLA 110, cuya velocidad máxima es de 70 km/hs.
UN LARGO CAMINO HACIA LA JUSTICIA
Hay un antes y después de ese 15 de diciembre de 2014 en la vida de Roxana, que cambió para siempre. Ella no sabía que además de despedir a su hijo, a quien le arrebataron la vida de forma abrupta, tendría que enfrentar un largo camino de lucha y organización.
Fue la familia de Nehuén y sus amigos quienes tuvieron que conseguir los testigos, las imágenes de las cámaras de seguridad y realizar diferentes marchas o actividades para dar a conocer el caso.
El juicio fue suspendido en varias oportunidades a pocos días de las fechas planteadas. Las excusas que planteaban eran las faltas de peritajes solicitados tales como las pericias al patrullero por parte de la Gendarmería y luego las escuchas telefónicas correspondientes al celular del imputado. También faltaban las escuchas correspondientes a las radios policiales que mediante su GPS interno pueden dar cuenta de la velocidad real con la cual se manejaba el patrullero, aunque dichas pruebas habían sido debidamente pedidas por el abogado.
Finalmente, el 27 de febrero comenzó el juicio oral y público que hoy llegó a su fin. La lucha de Roxana se entiende desde el dolor que puede significar la pérdida de un hijo y se fortalece con la búsqueda de Justicia: “Yo era una vecina común, abocada a mis hijos y en mi casa. Nunca pensé que me iba a tocar una cosa así de las que veía por televisión. El día que me tocó no pude mirar para otro lado. Sentí la necesidad de salir a las calles y gritar por justicia para mi hijo. Así empezamos a hacer marchas todos los 15 y buscar todas las pruebas que conseguimos gracias a la lucha. Cada palo que nos ponían en la rueda hacíamos marchas y salíamos a las calles. Así pudimos seguir adelante y llegar a un juicio oral. Es muy importante. Es el único derecho que no me han vulnerado”, expresó Roxana.
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