Pánico en una escuela de Gral. Rodríguez: una chica de 13 años roció con alcohol a sus compañeros

Todo empezó en el predio que comparten la Escuela Primaria N° 13 y la Escuela Secundaria N° 7, en el barrio La Fraternidad. Desde hace semanas, muchas familias denuncian que sus hijos viven en un ambiente que describen como “de inseguridad constante”. La protagonista central de estos hechos es una joven que, según relataron las madres afectadas, fue inscripta en la Escuela Especial N° 502 por su abuela, con quien convive, debido a una discapacidad intelectual. Esa escuela queda a pocos metros del resto, y desde que llegó, los episodios de violencia se intensificaron, volviéndose cada vez más difíciles de controlar.

Adriana, una madre que decidió salir a los medios para visibilizar lo que pasa, contó con preocupación cómo viven sus hijos. “Rompen vidrios, amenazan a sus compañeros y se escapa de su escuela para entrar al edificio donde estudian nuestros chicos”, explicó. Ella asegura que la adolescente ingresó varias veces sin supervisión, con objetos peligrosos, incluso cuchillos, y que en un momento, durante un recreo, además de insultar y amenazar, roció alcohol a los alumnos, generando un pánico generalizado.

Este hecho fue el límite para las familias, que rápidamente se movilizaron. Un grupo importante de padres se juntó sin aviso en la puerta del colegio para exigir respuestas inmediatas. Sin embargo, la reacción de la directora no fue la esperada: al principio, se negó a dejarlos ingresar, pero ante la insistencia y la preocupación evidente, finalmente los atendió. Pero la reunión, según relataron, terminó sin soluciones claras y dejó más dudas que certezas.

“Quedó todo en la nada”, lamentó Adriana, quien salió de esa reunión con la sensación de que no se tomarían medidas urgentes. La directora les habría dicho que, por ser menor de edad, la institución no puede aplicar medidas más severas, y que las opciones son limitadas. Los padres, en cambio, consideran que esa respuesta no alcanza y que, además, es peligrosa, porque dejan en riesgo la seguridad de los chicos y su derecho a estudiar sin miedo.

A esto se suma otro problema que enciende aún más los ánimos: en los baños del colegio hay baños químicos, una situación que las madres consideran inadmisible y que refleja las malas condiciones en las que funciona la escuela. Todo esto, sumado a los episodios de violencia, generó un malestar que ya no puede ser ignorado.

Tras el fin de semana largo, los padres decidieron llevar su reclamo al Municipio, convencidos de que las autoridades educativas no están actuando con la celeridad necesaria. No buscan señalar a la adolescente ni hacer discriminación, sino que exigen un protocolo claro para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, que puedan volver a las aulas sin temor.

“Los chicos tienen miedo”, remarcó Adriana. “No pedimos nada extraordinario. Solo que alguien se haga cargo, que actúe, porque no podemos seguir viviendo con la incertidumbre de si esta nena entra, si lleva un cuchillo, o si los amenaza con alcohol.”

En los últimos días, la tensión en la escuela fue tan fuerte que incluso colocaron tres patrulleros en la puerta. La presencia policial fue solicitada tras un corte de luz que provocó pánico entre los alumnos, cansados de amenazas, gritos y episodios agresivos. Varias madres presentaron denuncias, temiendo que detrás del apagón pueda haber alguna conexión con los disturbios que se vienen repitiendo.

El panorama plantea desafíos difíciles: por un lado, proteger a los alumnos de primaria y secundaria; por otro, la responsabilidad del Estado de implementar estrategias para acompañar y contener a la adolescente con discapacidad, que manifiesta conductas disruptivas. La convivencia escolar, que debería ser un espacio de seguridad, se convirtió en un campo de tensiones sin que ninguna autoridad tome decisiones claras para resolverlo.

Los padres, frustrados y agotados, sienten que hay un vacío institucional evidente. Aseguran que, a pesar de haber informado varias veces lo que pasa, nunca recibieron respuestas concretas de la escuela especial, la primaria y la secundaria. Además, señalan que no se activaron los equipos especializados que suelen intervenir en estos casos. “No puede ser que tengamos que esperar a que pase algo grave para que alguien se digne a actuar”, expresó otra madre en la reunión del martes.

Mientras tanto, muchos chicos no vuelven a clases por miedo. Otros, por decisión de sus padres, prefieren mantenerlos alejados hasta que las autoridades aseguren un control efectivo para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes. No es un paro, ni una protesta simbólica: es una medida para proteger su integridad física y emocional ante un sistema que, por ahora, no da respuestas.

Lo que pasa en La Fraternidad refleja una problemática más profunda: la falta de articulación entre las instituciones educativas y los organismos estatales en casos que requieren atención especializada. Las escuelas, por sí solas, no tienen todas las herramientas y, cuando los organismos no intervienen a tiempo, los conflictos se agravan y se vuelven ingobernables.

La vulnerabilidad de la adolescente, su falta de supervisión adecuada y la ausencia de protocolos claros pusieron en jaque a toda la comunidad. No se trata solo de disciplina o convivencia; es un reflejo de un sistema que todavía no logra integrar medidas de inclusión con dispositivos de seguridad para proteger a todos los involucrados.

Mientras la incertidumbre sigue, las familias esperan respuestas concretas. “No queremos que la chica sea castigada, pero alguien tiene que hacerse cargo de su cuidado”, dicen. Y vuelven a insistir en lo más importante: que los chicos puedan estudiar en un ambiente seguro. Hasta que eso pase, no piensan arriesgar la integridad de sus hijos.