Yolanda Vargas sigue imputada por la muerte de su hija Melani, de 6 años, y su hijo Thiago, de 4, quienes murieron el 9 de febrero último en el incendio de su una vivienda precaria en Colonia Santa Rosa, Salta.
La semana pasada se cumplieron cuatro meses de un "proceso judicial colmado de irregularidades en el que el juez a cargo, Francisco Oyarzú, y la fiscal Claudia Carreras pretenden condenar a Yolanda por la muerte de sus hijos para liberar de responsabilidades a los funcionarios y responsables políticos que condenaron antes a Yolanda como a miles de mujeres y sus hijos a vivir en condiciones de miseria social sin precedentes", coinciden organizaciones de mujeres a cargo de una campaña por el sobreseimiento de Vargas y el reclamo de justicia por la muerte de los menores.
Consideran que no hay pruebas para la causa por la que la mujer estuvo detenida casi un mes en la Unidad Carcelaria 9, de Orán.
La Justicia abrió una causa contra Yolanda, primero por "abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo". Como no pudieron reunir ni un solo elemento probatorio, Oyarzú cambió la carátula a "homicidio culposo", sin embargo, siguen sin contar con elementos objetivos contra la joven que perdió a sus hijos.
La principal irregularidad de la causa radica en que, una imputación sin argumentos probatorios que la sustenten, cae por su propio peso.
En segundo lugar, Oyarzú viola los plazos judiciales ya que no ha respondido a dos presentaciones realizadas por el abogado defensor en las que solicita el sobreseimiento.
"Los plazos están vencidos para Oyarzú, su demora responde al carácter arbitrario y reaccionario de la justicia que no busca esclarecer la responsabilidad del poder político ni de la empresa proveedora de un pésimo servicio de energía eléctrica, lo que produjo un cortocircuito, sino que busca responsabilizar a una obrera que se organiza con cientos de mujeres para enfrentar el hambre y la miseria social", agregan.
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