El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires señaló que "la norma actual prohíbe los ajustes de tarifas por fuera del acordado en los contratos" y agregó que el proyecto oficial "propone actualizarlos mensualmente" por un indice combinado de precios y salarios del INDEC.
El presidente de la entidad, Juan Carlos Donsanto, afirmó que el proyecto es "más un anuncio vinculado con la campaña electoral que un genuino interés por aportar soluciones a la cuestión".
"Este proyecto no incluye grandes modificaciones al régimen vigente y no está a favor de los inquilinos", sostuvo el directivo y estimó que el INDEC "va a tener que ponerse las pilas en forma mensual para proveer ese indicador que, hoy por hoy, solo está disponible hasta julio, con dos meses de retraso".
Donsanto aseguró que los martilleros "bien pueden ser también representantes de los inquilinos y muchos olvidan que son el nexo del propietario con el inquilino y que sin uno no existe el otro".
TAMBIÉN LOS INQUILINOS
Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular de Rosario y representante de organizaciones de inquilinos de esa ciudad, afirmó este jueves que el proyecto para una nueva Ley de Alquileres que impulsará el Gobierno "es una nueva mentira" antes de las elecciones.
"Mauricio Macri dijo dos veces (en su mandato) que iba a hacer una ley nacional de alquileres. Nos mintió. Y ahora sobre el final, cuando ya no tiene ni cuerda, dice que va a hacer una ley nacional de alquileres sin tener consenso en el Congreso para sacar absolutamente nada. Es otro globo más", manifestó.
En declaraciones a LT3 de Rosario, el representante del movimiento nacional de inquilinos afirmó que hay entre 7 y 8 millones de personas que alquilan en la Argentina y consideró que esa es la razón por la que ahora la administración Macri decidió prometer una nueva ley para regular el mercado. .
"Los inquilinos queremos una nueva ley nacional de alquileres teniendo en cuenta que en la Argentina hay un severo problema con la dinámica de la problemática del alquiler", sostuvo y marcó las diferencias conceptuales que tienen las organizaciones con el oficialismo.
Sostuvo que el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y el diputado oficialista Daniel Lipovetzky (que impulsa este tipo de iniciativas en el Congreso) tienen una lógica de pensamiento que va en contra de los derechos de los inquilinos.
Para ellos, dijo Roldán, el principal objetivo de cualquier iniciativa debería ser proteger la rentabilidad en dólares de los propietarios de los inmuebles, al margen de que estos puedan conservar su capital porque el mercado está dolarizado.
"El inquilino no llega a fin de mes, paga cánones de alquiler, más del 50% de su salario es destinado al abono del alquiler, no tiene garantías propietarias al renovar un contrato, le cobran entre 40 mil y 50 mil pesos de comisiones, la duración del contrato es corta", sostuvo el dirigente rosarino.
Roldán cuestionó con dureza el trato que el Gobierno nacional le dio a este tema, dado que en 2016 el Senado ya le había dado media sanción a un proyecto de ley y luego el oficialismo lo trabó en la Cámara baja.
"Ahora, como leen que hay un problema de inquilinos que afecta a 8 millones de personas, tiran otro globo más como nos ha tirado muchos, como los créditos UVA. Hoy los deudores UVA andan corriendo preocupados porque no pueden pagar y se enfrentan a la posibilidad de perder las propiedades", dijo. (NA)
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