Según explicó a Télam el Procurador General de la Provincia, Alejandro Gullé, “en los casos en que los imputados por violar la cuarentena no aparezcan como acusados de algo doloso o buscados, trabajarán gratis para el Estado”.
Para el resto, como aquellos que tengan antecedentes, “habrá prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años de prisión”.
“Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales”, explicó hoy el jefe de fiscales.
Según Gullé, “el 90 por ciento de los ya 1.355 detenidos hasta este mediodía, son gente joven de 18 a 30 años, en plena edad laboral, que si se los condena, peligra la posibilidad de trabajar”.
“Hasta pueden echarlos de sus trabajos si se los condena, así que no queremos generar antecedentes y perjuicios”, explicó.
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