La investigación por estafas y quiebra fraudulenta contra los responsables de la fintech Wenance comienza a enseñar aspectos típicamente sudamericanos con la declaración, en sede judicial, del subcomisario de la división Antifraude de la Policía Federal, Marcelo Rodríguez Vimo, que denunció el extravío de los dispositivos electrónicos del fundador de la firma, Alejandro Muszak, dos iphones y una notebook.
Ambos elementos se encontraban en el depósito policial de la calle Zepita e, inexplicablemente, a pesar de haber sido requisados hace más de nueve meses, todavía no habían sido peritados en el expediente que tramita la jueza subrogante Paula Verónica González.
La inactividad de la jueza subrogante González, contrasta con la actitud del fiscal, Alejandro Guevara, que libró una orden de detención contra Alejandro Muszak , titular de la fintech Wenance, compañía de servicios financieros tecnológicos, y la Policía de la provincia de Buenos Aires lo detuvo en el partido de Vicente López, el 16 de abril pasado.
El expediente que disparó la detención del controvertido financista que hace nueve meses intenta maquillar una quiebra millonaria que dejará a miles de personas sin sus ahorros, se realizó por un expediente que comenzó en enero pasado por el cual se investiga una presunta estafa cercana a los 1.500.000 de dólares y 5.000.000 de pesos.
Sin embargo, se trata de tan sólo uno de los expedientes por el que deberá responder ante la Justicia, porque es una causa que involucra sólo a cien de los afectados por Wenance. Un grupo de pequeños inversores que están al borde de la desesperación por haber perdido ahorros de varios años en un contexto inflacionario y recesivo.
Y, no es la única causa en la que deberán responder los ejecutivos de Wenance.
Recientemente, se agregó una causa en el fuero federal por lavado internacional de activos, a través de una triangulación de dinero realizada entre Argentina, Uruguay y España.
Los querellantes, en la causa que recayó en el Juzgado Federal Nª 3, a cargo de Daniel Rafecas, son patrocinados por un abogado comercial y penalista, Alejandro Liporace, que también fue damnificado por lo que considera se trató de una estafa del estilo Ponzi.
Un esquema Ponzi es una forma de estafa piramidal que atrae a los inversores y paga utilidades a los ahorristas anteriores con fondos de inversores más recientes. El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas, por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas, y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos.
Un esquema Ponzi puede sostener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.
En el caso de la fintech Wenance, prestaba dinero a altas tasas a sectores no bancarizados o sub-bancarizados de la población en Argentina y en España, donde se han abierto numerosas oficinas de microcrédito, por las tasas altas hay un expediente judicial que investiga a Wenance por usura.
Desde luego no se trataba de capitales propios, sino que captaba fondos de inversores privados, grandes, medianos y pequeños realizando una intermediación financiera alejada de la supervisión del Banco Central, autoridad rectora en materia monetaria y financiera.
El modus operandi de Muszak y su equipo se describe en la denuncia en los tribunales federales al leerse, “...el negocio tenía una base jurídica, técnica y “lícita”, sólo en apariencia. A grandes rasgos, WENANCE, a través de empresas como MANGO, WELP y LIEBRE CAPITAL (una especie de empresas de crédito mayoristas y en el caso de LIEBRE CAPITAL, una ALyC), otorgaban préstamos a personal no bancarizado”.
El abogado Alejandro Liporace explica en el escrito que “...como este colectivo de personas cada vez fue creciendo más en la República Argentina, ya que las entidades financieras más “masivas” solicitaban documentación como recibos de sueldo, etc. y la realidad es que la economía informal en este país lamentablemente prepondera, el repago de la inversión que cualquiera hiciese tenía una garantía de eficacia elevada. Máxime, cuando el vehículo que utilizaban para fondearse, eran fideicomisos financieros con una empresa especializada en la materia, como PROMOTORA FIDUCIARIA. A raíz de ello, el suscripto confió sus ahorros en inversiones con estas compañías”.
“Durante los años 2022 y 2023, el suscripto prosiguió realizando inversiones con WENANCE S.A., CRÉDITOS AL RÍO S.A. (actuando indistintamente como fiduciantes) y PROMOTORA FIDUCIARIA S.A. (actuando como fiduciario), hasta alcanzar el capital invertido de AR$ 31.000.000 (PESOS Treinta y Un Millones) -colocaciones que abonaban determinados intereses y tenían vencimientos pactados”.
Liporace explicó a NA que “...obviamente dicho capital, sumado a todos los intereses que debía abonar PROMOTORA FIDUCIARIA S.A., se encuentran, hoy en día, cooptados fraudulentamente por ésta sociedad, lo que me genera un perjuicio económico muy grave.
De allí que la Justicia Federal se involucrará en un caso para seguir la ruta del dinero que, los peritos más conservadores, cifran en varios millones de dólares que se desvanecieron en promesas vanas de Alejandro Muszak.
NA
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