El gobierno nacional oficializó este lunes la creación de una Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales que dependerá del Ministerio de Seguridad, con la cual se busca una mejor y más rápida reacción en situaciones como las desde hace años padece el humedal: los incendios intencionales en las islas del río Paraná.
La nueva dependencia funcionará en el marco de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal. En el Boletín Oficial se explica que su objetivo será "coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional".
A su vez, esta nueva área recolectará y sistematizará información sobre este tipo de delitos, ya sea de fuentes abiertas como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para así desarrollar indicadores y elaborar informes sobre los que trabajará una Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales. Entre sus funciones también estará elaborar un mapa de situación que defina y detecte las "zonas calientes", individualizando de esta forma los delitos por zonas con el objetivo de proponer medidas tendientes a la prevención de los mismos.
En los hechos, la medida implica una competencia entre las facultades de esta nueva oficina con las del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cartera a cargo de Juan Cabandié, muy cuestionada durante 2022 por su abordaje de la problemática de los incendios en las islas y en otras partes de país, en el marco de una sequía sin precedentes.
El gobierno nacional, que no incluyó en el temario de sesiones ordinarias del Congreso la demoradísima ley de humedales, busca así mostrar que aunque no cumple el reclamo de las organizaciones ambientalistas, tampoco es indiferente a la problemática.
Por caso, la nueva unidad también realizará la coordinación del intercambio de información entre las áreas competentes en materia ambiental de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para así generar indicadores de alerta temprana con respecto a la comisión de ilícitos ambientales. Y tendrá a su cargo delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales.
La Secretaría de Seguridad y Política Criminal será el organismo que designe al titular de esta nueva división que tendrá bajo su cargo la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales, conformada por "todo personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada".
Entre los miembros que integrarán dicha mesa se encontrarán representantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, de la Dirección de Investigación de Delitos Federales, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y de las áreas especializadas en materia ambiental de las fuerzas federales.
En este sentido, cada fuerza deberá designar dos representantes para formar parte de la mesa. Uno será el titular, debiendo tener un rango no inferior a Oficial Jefe o su equivalente, y otro que será el suplente, el cual podrá tener un cargo inferior.
"Los integrantes de la MESA actuarán sin perjuicio de las tareas propias de sus respectivos cargos, y su designación no implicará el desempeño de funciones superiores ni importará erogación presupuestaria alguna", se explicó en la resolución que asegura que "la importancia de la problemática obliga a abordarla en forma integral y conjunta".
A su vez, se argumentó: "Los delitos ambientales afectan la preservación, conservación y recuperación de los recursos ambientales y de la diversidad biológica generando un daño que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos provocando un perjuicio en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras".
"Es necesario contar con un espacio común de abordaje a la temática delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales", concluyó la publicación.
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