A pesar de que la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 finalizó, en el municipio de Morón aún se sigue cobrando una "Tasa Municipal por COVID-19" a las sucursales bancarias. Este tributo, instaurado en 2020 como una medida excepcional, sigue vigente en 2025, con un costo mensual de $2.036.508 por sucursal.
Pero este no es el único impuesto municipal cuestionado. Bajo la intendencia de Lucas Ghi, Morón también impuso la "Tasa Refuerzo Seguridad", creada en 2024 y cuyo valor se incrementa mes a mes, alcanzando actualmente los $5.141.735 por sucursal. Estas cargas tributarias han generado malestar en el sector financiero, que denuncia una presión impositiva cada vez más difícil de sostener.
Cierre de sucursales y tasas excesivas
El caso de Morón es solo una muestra de una problemática más amplia que afecta a distintos municipios del conurbano bonaerense. La decisión del Banco Nación de cerrar su sucursal en Ramos Mejía, partido de La Matanza, expuso el impacto que generan las altas tasas municipales en la actividad bancaria. En 2024, ese municipio recaudó más de $5.000 millones en concepto de tasas sobre los créditos otorgados por la entidad estatal, principalmente a través de la "Tasa por Servicio de Inspección de Seguridad e Higiene". Con una alícuota del 7,5% sobre los ingresos de cada sucursal, este tributo contrasta fuertemente con el 0,42% que aplica, por ejemplo, el municipio de Tres de Febrero.
En Lomas de Zamora, la carga fiscal tampoco es menor. Además de una tasa mínima de $32 millones por sucursal en concepto de Inspección, Seguridad e Higiene, se cobra un tributo especial para los cajeros automáticos: $3,3 millones por hasta tres máquinas y $1.075.000 adicionales por cada una extra. Un caso insólito ocurrió allí en 2018, cuando un banco, solo por abrir una sucursal en el centro de Lomas de Zamora, tuvo que pagar $46 millones de pesos, sin tener en cuenta el volumen de negocio de la sucursal. Por este caso se inició una acción judicial por el costo de la tasa, que hasta el día de hoy se cursa en la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Luján y una curiosa "tasa ambiental"
Otro caso llamativo ocurre en Luján, donde el municipio considera que la actividad bancaria es "contaminante" y le impone la "Tasa por Servicios de Protección Ambiental". La tasa se dispuso por ordenanza en 2024 y es del 1,5% de los ingresos mensuales de cada sucursal. En promedio, en enero de 2025, cada sucursal pagó $5.100.000.
Por esta tasa, las entidades ABA y ADEBA iniciaron una acción judicial en septiembre de 2024, ya que pudieron demostrar que las sucursales bancarias no son agentes contaminantes del ambiente por su actividad en las sucursales y no generan tampoco volúmenes relevantes de residuos. Es importante destacar que la Municipalidad de Luján no aportó elementos que justifiquen el cobro de la tasa.
NA
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