El fallo de la Cámara Federal de Casación que confirmó por unanimidad la condena a seis años de prisión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad no está firme y podrá ser apelado mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, para lo cual las partes tienen desde hoy diez días hábiles.
Hasta que no quede firme la condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida que se le impusiera por "administración fraudulenta", ni la ex presidenta ni los restantes ex funcionarios condenados comenzarán a cumplir ningún aspecto de la pena.
La defensa podrá ir a la Corte con un recurso extraordinario contra la condena, para lo cual tendrá diez días hábiles desde hoy y esa apelación se radica ante la misma sala IV de Casación que leyó el veredicto.
El máximo tribunal penal federal del país resolverá si lo declara admisible o lo rechaza y, en este último caso, quedará la queja directa ante la Corte. Llegada esta instancia la Corte podrá o no aceptar la queja, algo para lo cual no hay ningún plazo.
Mientras se transitan todas estas etapas en la Justicia, no regirá la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que se le impuso a la ex presidenta en la condena ratificada.
Si para 2025, en el marco de las elecciones legislativas, no hay aún decisión de la Corte, la ex presidenta podría postularse si así lo resuelve, salvo que el Congreso sancione la llamada ley "Ficha limpia", que podría ser un obstáculo para esa postulación.
En su sentencia, Casación sostuvo que en la causa donde se investigó la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del condenado Lázaro Báez y sus empresas se perpetró "un plan criminal de inusitada envergadura mediante la utilización de medios lícitos y valiéndose de las facultades otorgadas a través de los diversos cargos públicos que tenían la mayoría de los imputados".
"Esta maniobra, que entraña uno de los hechos de corrupción más importante de la historia de nuestro país", fue cometida "por la alianza delictiva de funcionarios públicos de distinta jerarquía que, paradójicamente, tenían a su cargo el cuidado de estos intereses estatales, debe ser juzgada con la rigurosa eficacia que exige el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país en materia de lucha contra la corrupción", agregó la sentencia.
NA
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