Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de Emergencia Social. Obtuvo 227 votos positivos, cuatro abstenciones, del Frente de Izquierda, y uno en contra del diputado Alfredo Olmedo, de Salta Podemos. Es la décima vez que se renueva desde que se declaró en 2002.
El proyecto de ley fue presentado de manera conjunta por los líderes parlamentarios oficialistas y opositores. Se autoexcluyó el Frente para la Victoria en la firma pero acompañó la ley "aún sabiendo que hay cientos de organizaciones sociales que no convalidan este acuerdo", en boca de Edgardo Depetri. Desde el Senado ya adelantaron que votarán sin cambios lo que llegue desde la Cámara baja.
El otro bloque que se desmarcó -se abstuvo de votar- fue el Frente de Izquierda (FI). Néstor Pitrola criticó la iniciativa por ser una “nueva versión del asistencialismo” y le pegó duro al Gobierno, la CGT y los movimientos sociales firmantes: "Estatizaron al movimiento obrero y a las organizaciones populares", les tiró a los tres juntos.
En los dos primeros artículos, la ley prorroga hasta el último día de 2019 la emergencia social y se le da rango institucional a la organización de estos trabajadores informales convirtiéndola en un virtual sindicato. Establece asegurar a los trabajadores informales “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional” de acuerdo a las garantías otorgadas al trabajo en la Constitución.
Se crean, también, el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, con tres representantes del Estado y tres de las organizaciones sociales; y el Registro Nacional de la Economía Popular para censar y legitimar a esas legiones de trabajadores en negro. Por último, aunque no menos importante, se faculta al jefe de Gabinete a reasignar hasta 30.000 millones de pesos de otras partidas, en los próximos tres años, para cumplir estos objetivos.
Foto: Gentileza Clarín
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