Bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron imponer su mayoría para aprobar un dictamen para declarar la emergencia en discapacidad hasta el final del Gobierno de Javier Milei, con el fin de buscar sancionar esa iniciativa el 14 de Mayo.
La iniciativa busca actualizar las prestaciones en base al índice de inflación y otorgar mayor presupuesto para cubrir los tratamientos para las personas con discapacidad.
En forma paralela a la reunión de comisión, se realizó una marcha en las adyacencias del Congreso para reclamar por la sanción de la ley de emergencia en materia de discapacidad.
Los dictámenes de mayoría y minoría que habilitan el tratamiento en el recinto de sesiones del proyecto sobre discapacidad se firmaron en un plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto, en una reunión que no contó con el grueso de los diputados libertarios, incluido el legislador José Luis Espert.
Por ese motivo, el plenario fue conducido por los titulares de Discapacidad, Daniel Arroyo (UP), de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UP) y el vicepresidente de Presupuesto, Carlos Heller (UP).
El dictamen de mayoría fue respaldo por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y la izquierda, mientras que el radicalismo, Democracia para Siempre, y el PRO, presentaron dictámenes de minoría.
Las diferencias entre el proyecto de UP con la UCR está vinculado sobre aumento de las prestaciones, las auditorias, mientras que los radicales de DPS quiere que la emergencia se establezca por un año.
En tanto, el PRO no plantea declarar la emergencia pero si actualizar los valores de las prestaciones, pero no impulsa como UP aplicar el aumento en forma retroactiva desde diciembre del 2023.
El dictamen de mayoría establece una compensación "entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el mismo período".
De todos modos, voceros de Unión por la Patria buscarán acuerdos con los radicales y el Democracia para Siempre, para lograr que esa iniciativa se apruebe con el mayor de los consensos. La intención es que si el proyecto se convierte en ley, el Gobierno no tenga los 87 votos para poder vetar esa propuesta, como sucedió cuando se trataron los proyectos de aumento a los jubilaciones y al presupuesto universitario.
El dictamen de mayoría tuvo 59 firmas, y los despachos de minoría del PRO reunió 14 firmas, DPS 8 firmas, y la UCR 7 firmas.
Al abrir la reunión, Arroyo explicó que la intención del proyecto es establecer un mecanismo para actualizar la prestaciones en base al índice de inflación, como se aplica en el caso de los jubilados.
"Ninguno de los problemas empezó hace 14 meses, la situación crítica de las personas con discapacidad viene hace tiempo, pero ha empeorado porque no hubo aumento este año", agregó.
Dijo que está "bien" que el Gobierno realice una auditoria para detectar a las personas que le dieron la pensión y no les correspondía, pero señaló que "no está está haciendo la auditoría como corresponde".
Señaló que la forma adecuada "es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados truchos y evaluar la situación, identificar las localidades, no poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas que les llegan cartas documentos que no saben cómo atender porque lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
"El proyecto tuvo mejoras sustantivas de varios bloques. Una, es la del cuidado del sistema de seguridad social. También, da claridad sobre la imposibilidad que una persona tenga a la vez jubilación y pensión por discapacidad, que estaba en el texto, pero quedó más claro”, subrayó.
Por su parte, Yedlin destacó que “el nuevo dictamen es superador" ya que busca "sostener un sistema de seguridad social con los magros aportes y contribuciones y con prestaciones superan las capacidades del sistema”.
Desde el PRO, Martín Maqueyra dijo que "nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor, del nomenclador y de las prestaciones, porque creemos que es un problema que hay que solucionar y que es una realidad que hoy están viviendo todas aquellas personas con discapacidad, pero en este caso, aquellos que prestan estos servicios".
"En un segundo punto, nuestro dictamen plantea adaptar la terminología, el vocabulario que se dicta, sobre todo en todo lo que son los organismos, pero en general para todas las personas, porque nos parece central que sea acorde a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad".
A su vez, el diputado radical Lisandro Nieri, dijo que un dictamen de la UCR plantea "la necesidad de la actualización, pero también hacemos énfasis en las auditorias y una modificación que busca la promoción de empleo”.
En tanto, la diputada de Democracia para Siempre, Carla Carrizo, señaló que "acompañamos la declaración de la emergencia en materia de discapacidad, los mecanismos de protección propuestos para asistir al sector en este contexto crítico y garantizar los servicios y prestaciones esenciales a todas las personas con discapacidad en el país".
"En particular, propusimos que el plazo de la emergencia se limite a un año, en línea con el carácter excepcional y transitorio que debe tener esta herramienta", agregó Carrizo. También señaló que debe haber una "compensación para los valores de las prestaciones correspondientes a 2024, y aplicar una actualización por IPC a partir de 2025, mientras dure la emergencia".
NA
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