Con impulso del oficialismo y de los bloques aliados, la comisión bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desplazó este miércoles de sus funciones a la defensora general Marisa Graham, quien a través de una resolución interna se había auto prorrogado su mandato hasta que el Congreso resolviera su reemplazo mediante un concurso de oposición y antecedentes.
Por mayoría simple, La Libertad Avanza y sus socios del PRO y la UCR lograron dejar sin efecto dicha resolución que había extendido la vigencia de los mandatos de Graham y del defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, quienes venían desempeñándose en los cargos desde junio del 2019.
Desde La Libertad Avanza plantearon que como el mandato de Graham venció el 28 de febrero pasado, la resolución por la que se mantuvo en el cargo más allá de esa fecha era "ilegítima" y debía ser derogada.
El diputado nacional libertario Nicolás Mayoraz sostuvo que “la actitud de esta señora y los fundamentos que pone en su resolución raya el delito de sedición” .
“Ella reconoce que su mandato cesa pero dice que por reglamento puede modificar el sistema hasta tanto el Congreso decida quien va a seguir. Es una verdadera locura que un funcionario se considere más importante que el órgano mismo del cual forma parte. El mensaje que manda es que una vez que ella se va no queda nada. Entonces ‘yo me quedo porque soy la garante de los niñas, niñas y adolescentes’. Es un disparate que este Congreso no puede convalidar”, enfatizó.
Para el santafesino, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, no se puede “aceptar que una persona viole la ley que estableció el plazo de su mandato” y “sería muy grave que este Congreso y esta comisión bicameral convalidara esta irregularidad que no tiene ningún antecedente”.
“No existe ningún antecedente en el derecho administrativo y constitucional que le sirva de sustento a un funcionario público de prorrogarse su mandato con la sola excusa de que el organismo quedaría desguarecido o sin ningún tipo de protección para el colectivo de la niñez. Una locura”, insistió Mayoraz.
A su turno, la diputada nacional Paula Penacca sostuvo que en el artículo 49 de la Ley 26.061 que crea la bicameral, se establece claramente que es potestad de ese cuerpo tanto proponer, como designar y remover a los defensores, y que para ello se requiere de una mayoría especial de dos tercios.
Si bien reconoció que era una irregularidad llegar a esta instancia de debate con el plazo del mandato de la defensora vencido, le adjudicó la máxima responsabilidad política de esa situación al oficialismo, que maneja ambas cámaras del Congreso, y que si hubiera querido podría haber puesto en funcionamiento la bicameral para iniciar mucho antes el concurso para designar nuevas autoridades en la Defensoría del Niño.
“Hay un sector político que hoy conduce ambas cámaras que debería haber procurado que las bicamerales estén funcionamiento mucho antes del momento en que se iniciaron. En función de esa falta que hizo que los mandatos de los defensores y defensoras estuvieran vencidos, no tenemos potestad en esta comisión para meternos invadiendo el funcionamiento de la Defensoría, en opinar ni mucho menos en derogar una resolución interna”, consideró la camporista.
En este marco, denunció que existen “acuerdos espurios” en el oficialismo y sus aliados para “descabezar” la Defensoría y “poner a dedo a alguien” al frente del organismo, o bien dejarla “acéfala” por tiempo indeterminado.
Le salió al cruce Mayoraz, que apuntó contra Penacca por pretender “justificar esta situación de abuso de poder y causal de sedición” diciendo que el oficialismo estaba “en mora” para poner en funcionamiento la bicameral.
“Mora tenían ellos que recién el 6 de marzo propuso los integrantes del Senado para conformar esta comisión bicameral. Los acuerdos espurios fueron de ellos”, lanzó.
La diputada de La Libertad Avanza Nadia Márquez rebatió el argumento de Penacca vinculado al artículo 49 de la ley 26.061 que habla sobre una mayoría de dos tercios para remover a las autoridades de la Defensoría.
“Si el año pasado yo planteaba removerla a Graham, ahí sí aplicaba el artículo 49 de la ley y se requerían las dos terceras partes de la composición de esta bicameral. No la estamos removiendo sino que ya terminó su mandato. Cesó su mandato y ella sigue ilegítimamente”, argumentó.
En ese sentido, la diputada neuquina habló de una “intervención” en los hechos de Graham, a quien acusó de “usurpar ilegítimamente” el cargo.
Al retomar la palabra, Mayoraz aseguró que la resolución de la desplazada defensora “viola la ley de ética publica”, y tuvo como objetivo su “beneficio personal”.
“Dictó una resolución para quedarse en el cargo y seguir persiguiendo un salario. Dijo ´estoy aquí porque quiero´. No podemos permitir que ningún funcionario publico se alce ante la ley. Es vergonzoso”, concluyó.
A propuesta de la diputada de Unión por la Patria María Eugenia Alianiello se resolvió iniciar el llamado al concurso de oposición y antecedentes para resolver el reemplazo de Graham y del defensor adjunto el próximo 16 de junio.
NA
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