La marcha por los jubilados y contra la represión de las autoridades del miércoles pasado se desarrolló sin los violentos episodios registrados el miércoles pasado. Gremios, agrupaciones estudiantiles, movimientos de izquierda, junto a otras organizaciones políticas y jubilados marcharon frente al Congreso en medio de un fuerte operativo policial.
En la previa no estaba del todo claro si esta vez habrá tanta presencia de hinchas de fútbol -"barrabravas", según indicó el Gobierno- pero sí concurrirán desde sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas políticas ligadas al kirchnerismo y la izquierda.
Los jubilados piden una mejor remuneración ante los casi 280.000 pesos que perciben los del haber mínimo, que son el 70 por ciento del total. En ese marco, sectores opositores aprovecharon para plegarse y meter presión a la Casa Rosada en un año electoral, luego de otro tropiezo que había sufrido la gestión libertaria con el escándalo de la criptomoneda $Libra.
EN EL CONGRESO SE APROBÓ EL ACUERDO CON EL FMI
La medida fue aprobada con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, gracias al apoyo clave del PRO y la UCR.
La votación buscó blindar el acuerdo con el FMI en un momento crítico para el gobierno. La oposición, liderada por Unión por la Patria, cuestionó la falta de detalles y transparencia.
La sesión se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad alrededor del Congreso, ante la expectativa de una nueva movilización en defensa de los jubilados. La semana pasada, la marcha terminó con graves incidentes y numerosos detenidos. Para esta tarde, el Gobierno prevé una mayor convocatoria, con el apoyo de agrupaciones políticas, organizaciones sociales y sindicatos.
MILEI MONITOREÓ EL OPERATIVO DESDE CASA ROSADA
El presidente Javier Milei monitoreó desde Casa Rosada todo el despliegue del operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
Las fotografías del pasado miércoles impactaron en Balcarce 50, y amparados en la premisa de preservar la imagen del mandatario buscan "desincentivar" la escalada de violencia que se vivió luego de que oficiales de las cuatro fuerzas de seguridad reprimieran a los manifestantes.
Con el fotoperiodista Pablo Grillo internado en el Hospital Ramos Mejía a raíz de una herida de gravedad producto del impacto un gas lacrimógeno lanzado por un gendarme, la idea el Gobierno decidió tomar el operativo con extremo cuidado para evitar los enfrentamientos y limitarse a “mantener el orden público”.
“Si tengo que ser cínico, por supuesto que sirve que tiren piedras porque le va a recordar a la sociedad de que está hablando cuando montamos en el operativo”, sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, al tiempo que aclaró que la directiva es no abonar a la tensión de la calle.
Pasado el mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada del diseño del despliegue policial visitó el despacho de la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei. En paralelo, Casa Militar desplegaba un vallado a la altura de calle Reconquista para blindar el acceso a la manifestantes que, el pasado miércoles, arrojaron piedras al Palacio de Gobierno.
“Marcha o violencia: no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán”, definió la funcionaria a través de sus redes sociales.
En el Poder Ejecutivo atribuyen la convocatoria a la izquierda y al kirchnerismo, y dan por descartada la presencia de barras bravas, pero insisten con que se trata de una “una marcha política” que apunta a "desestabilizar”.
Bajo esa premisa es que utilizaron el sistema de comunicación de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para emitir mensajes disuasivos a los manifestantes. En las pantallas y altavoces de las terminales se proyectó la advertencia: “La policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
En paralelo, 900 policías se encuentran apostados en los alrededores del Parlamento, en un operativo conjunto con fuerzas federales. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos en la zona para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos.
Sin embargo, y pese a que aseguran no detectar diferencias con la movilización del pasado miércoles, el Ministerio de Seguridad dispuso de un protocolo particular que consiste en el despliegue de un extenso vallado que blinda los principales accesos al Congreso.
El trazado de la “zona estéril” apuesta a evitar que las fuerzas de seguridad establezcan contacto con los manifestantes, y a concentrar la protesta en la plaza para que las calles y avenidas no estén afectadas, aunque para instrumentarlo, la cartera debió interrumpir la circulación.
El operativo fue coordinado el pasado martes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, Diego Kravetz; el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta; en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo.
NA
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