El presidente de la Convención Nacional Radical, Gastón Manes, justificó la sanción a los cuatro diputados nacionales que respaldaron el veto total del presidente Javier Milei a la ley de aumento jubilatorio que había sancionado al Congreso.
"Creemos que fue la medida correcta. Hubo mucha indignación en el seno del partido este movimiento extraño de estos diputados", explicó.
Y, en ese sentido, amplió: "No se trata de diferentes miradas, el bloque vota dividido desde el principio del gobierno de Milei. El tema es el cambio (de voto) de un proyecto que había presentado el radicalismo".
"Sospecho que De Loredo estaba al tanto de la situación y casi de acuerdo, sino no se comprende", señaló además Manes al apuntar al jefe de la bancada de la UCR.
La sanción
La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió ayer suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
Las primera informaciones indicaron que el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, intentaba contenerlos dentro del bloque.
“Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”, señalaron las fuentes consultadas de la conducción partidaria sobre Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario.
En realidad fueron cinco los diputados del bloque que votaron a favor del Gobierno y en contra del proyecto que había impulsado la UCR junto a otros bloques, pero Federico Tournier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario.
El correntino se sumó a la bancada que lidera Rodrigo de Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político.
Hay otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de argumentar a favor de la postura del Gobierno durante el debate.
En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo, sirviendo a los intereses del Gobierno.
La medida disciplinaria contra Campero, Arjol, Picat y Cervi se aprobó por 10 votos contra 2 en la mesa directiva de la convención nacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi.
Solamente votaron en contra de la sanción los representantes de Mendoza (responde al gobernador Alfredo Cornejo) y Misiones.
Más allá de este castigo contra los cuatro radicales “violetas” que cambiaron su voto, De Loredo agotará los medios para que no peguen el portazo del bloque.
Según la agencia NA, Campero ya está con un pie afuera, ya que es el que más lejos llegó al exponer sus diferencias con el bloque, mientras que los otros cuatro (incluyendo a Tournier) están evaluando qué hacer.
“No puede ser que una minoría ruidosa del AMBA, que tiene una impronta de colaboración con el kirchnerismo, tome este tipo de decisiones que va a contramano de lo que piensa la gran mayoría del partido”, cuestionó un influyente diputado de la UCR con Noticias Argentinas
“El radicalismo del interior tiene cinco gobernaciones. ¿El sector de Manes qué gobierna? ¿Y Evolución? Solamente la Universidad de Buenos Aires. Parece que la centralidad de la agenda para ellos es la cuestión universitaria. Ese tema tiene que estar, pero no es el único. Somos el radicalismo, no un centro de estudiantes”, estalló.
La resolución firmada por la Convención Nacional señala: “al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido".
"Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, se agrega.
Al hacerse eco de esta decisión partidaria, la diputada nacional de la UCR, Pamela Verasay, despotricó contra Martín Lousteau, quien preside el Comité Nacional de la UCR y apoya la suspensión de los cuatro diputados radicales.
“Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta”, disparó la mendocina.
El Tribunal de Ética de la UCR está integrado por Alicia Tate de la provincia de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi de Buenos Aires y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones, quienes tendrán en sus manos la decisión definitiva.
Otro caso polémico que fue pasado por alto es el del entrerriano Pedro Galimberti, quien sospechosamente renunció a su bancada de diputado nacional días antes de la sesión en la que iba a votarse la insistencia de la ley jubilatoria.
Resulta que el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, quien hasta hace poco era su rival político, le ofreció un cargo para integrar la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, por el que cobrará mensualmente en dólares una suma que multiplica la dieta que percibía como legislador nacional.
Así fue que no solamente el bando que intentaba juntar los dos tercios para anular el veto de Javier Milei perdió un voto significativo sino que además le anotó un voto al bando que buscaba blindar el veto, ya que al comienzo de la sesión juró como su reemplazante fue la macrista Nancy Ballejos.
Galimberti bien podría haber renunciado a su cargo de diputado luego de la sesión, habiendo ayudado a la oposición a voltear el veto a la mejora a jubilados, pero decidió adelantar su salida.
La presunción de un sector de la oposición es que en el medio hubo una transacción non sancta para que el Gobierno se compre un voto en una batalla crucial para el objetivo del equilibrio fiscal.
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