El acuerdo de transferencia de una parte de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires generó una importante polémica en el ámbito judicial. El presidente Mauricio Macrifirmó ayer el convenio de traspaso con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y de inmediato, esa decisión fue cuestionada por la Asociación de Magistrados. La determinación de la Casa Rosada debe ser ratificada por el Congreso y aprobada luego en la Legislatura porteña. Sin embargo, la entidad que agrupa a jueces y fiscales anticipó su posición de hacer una presentación en la Justicia en caso de que el tema siga adelante.
"La Constitución no le dio a la Ciudad la facultad de tener su propia justicia, sino de ocuparse de cuestiones menores, porque no se habla de administración de justicia como en otras provincias. Nos oponemos al traspaso desde 1994. No sé qué hará el Congreso, pero si lo aprueban recurriríamos a la Justicia", dijo María Lilia Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados.
En cambio, el presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, Enzo Pagani, tiene una visión diferente: "El artículo 129 de la Constitución estableció el carácter autónomo de la Ciudad y permitió que tuviera su propia constitución y tres poderes, si bien lo de la justicia es paulatino. Hoy la Justicia de la Ciudad sólo tiene dos fueros. Ahora se suman competencias penales, como los robos y hurtos, y la verdad es que no estamos inventando nada. Pasa en las otras provincias. No puede ser que hoy un juez de la Ciudad sea elegido por legisladores provinciales".
En tanto, el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, agregó que, por el llamado fallo Corrales, la Corte Suprema exhortó a las autoridades al traspaso a los tribunales ordinarios a la órbita de la Ciudad. "Es importante que la ciudad de Buenos Aires tenga una justicia cercana, con contenido oral, que privilegie a la víctima y no al expediente", indicó Enríquez.
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