La jueza de menores de Casilda, Cristina Pecoraro, mandó a dos hermanas de 13 y 14 años a leer "El diario de Ana Frank" y exponer el contenido en el aula del colegio al que concurren, luego de ser denunciadas por agredir a una compañera.
Además, la magistrada determinó que las adolescentes agresoras deberán concurrir hasta fin de año, al terminar su horario de clase, a la biblioteca de la Escuela Aristóbulo del Valle para ayudar en diferentes tareas.
Por último, Pecoraro instó al Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe a garantizar asistencia y contención a la familia de la víctima y de las niñas agresoras.
La medida, que no tiene precedentes en el fuero penal juvenil y que quedó firme al no ser apelada, apunta a velar por el bienestar general de los menores involucrados haciendo especial hincapié en la responsabilidad que le cabe al Estado para prevenir situaciones de conflicto como la ocurrida, informó UNO.
De acuerdo con ese medio, la jueza es conocida por haber tomado resoluciones judiciales de tinte socioeducativo en distintos casos violentos con menores.
La resolución actual se refirió a un episodio de hace tres semanas, cuando las agresoras hirieron a la víctima con un ladrillo en una plaza. La mamá de la víctima denunció el hecho que se remitió al juzgado de Pecoraro.
"Más allá de las responsabilidades sobre el hecho estamos en presencia de un caso donde todos las personas involucradas son víctimas de una situación de vulnerabilidad social que implica que el Estado se haga cargo y arbitre los recursos necesarios para responder en consecuencia", dijo ayer a La Capital la jueza casildense tras notificar su resolución a todas las partes.
"Si bien es importante que las chicas pidan disculpas en compañía de su madre a la víctima y todos los séptimos grados de la escuela, al curso por su actitud y cumplan con las otras medidas impuestas, resulta fundamental apelar a la responsabilidad del Estado para que articule los medios y ayude a ambas familias que viven en condiciones desfavorables y no dignas como merecen", añadió la magistrada.
Asimismo, Pecoraro expresó que "es necesario hacerse cargo desde el lugar que nos corresponde si es que queremos rehabilitar de verdad y pensar en una sociedad que incluya y vele por derechos elementales como son, en este caso, una ámbito habitacional adecuado además de contención psicológico y de otro tipo".
En su fallo la jueza también consideró que "es obligación de los servidores públicos, personal docente y administrativos, así como de los padres y de la sociedad, dar una respuesta eficaz, oportuna y responsable a fin de que reflejen el respeto a la vida, a la integridad de las personas, de su dignidad y sus derechos, rechazando la violencia y todo tipo de agresiones y en adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento entre pueblos y entre grupos y personas".
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