Efectivos de la Policía Federal allanaron el sábado a la anoche el sector de las residencias de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, en la provincia de Río Negro.
El operativo se realizó con una orden de allanamiento firmada por el secretario del juez federal Hugo Greca y no por el juez a cargo, como lo exige la ley.
Los efectivos, que dijeron realizar el operativo en busca de marihuana entre los estudiantes, ingresaron violentamente rompiendo puertas y cerraduras, según se informó desde la comunidad educativa. Una vez dentro de las habitaciones, esposaron y tiraron al piso a los estudiantes. Una joven que se estaba duchando fue obligada de manera agresiva a salir del baño y no se le permitió vestirse mientras la policía revisaba el lugar.
Los estudiantes fueron incomunicados, no dejaron entrar a los abogados y no se pidió autorización a la universidad, violando la autonomía universitaria.
“Enfrentamos una sistemática pérdida de garantías constitucionales y el estado de derecho se reduce a una mínima expresión”, manifestó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.
En tanto, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Andrés Ponce de León, expresó su “preocupación y repudio por el irregular allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina en las residencias universitarias” de la Universidad Nacional del Comahue.
Agregó que “la orden de allanamiento exhibida por la Policía Federal no llevaba la firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza federal en una palmaría ilegalidad, puesto que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior. Asimismo, de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia innecesarios daños al patrimonio de la facultad. Y lo que es mucho más grave, la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes”.
“Exigimos el inmediato cese de tal accionar irregular por parte de la Policía Federal Argentina y del Juzgado Federal de General Roca, y solicitamos a los responsables del caso que den las explicaciones pertinentes ante la comunidad universitaria y la sociedad”, concluyó el comunicado del decano Ponce de León.
Por su parte, el centro de estudiantes expresó: "Como comunidad estudiantil denunciamos la violación al debido proceso y a las garantías constitucionales que tiene toda persona. Nos declaramos en alerta por el avasallamiento violento de la autonomía universitaria por parte de la Policía Federal, enmarcándolo en un contexto nacional y regional de represión y amedrentamiento hacia la juventud y los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, responsabilizamos a las autoridades universitarias por no responder de forma inmediata y eficaz".
Hechos similares se produjeron en las Universidades Nacionales de Jujuy, Rosario y Mar del Plata. (Página 12)
