La Federación Argentina de Talleres Protegidos (FETAP) publicó un comunicado donde se refiere a la difícil situación de estas entidades productivas a nivel nacional, a raíz del aislamiento obligatorio, que hace que muchas empresas hayan cerrado sus puertas y la comunidad no salga de sus hogares.
Si bien aclaran que esta medida es necesaria para achicar la posibilidad de contagio del coronavoris, advierten que agrava la situación económica de las instituciones, así como de los operarios, por lo que solicitan ayuda a los organismos del estado.
Estas instituciones cumplen un rol fundamental en la comunidad, debido a que trabajan desde la inclusión laboral con personas que tienen discapacidad. En el país existen 6.500 trabajadores que se encuentran en una situación de precariedad por la condición de su discapacidad pero además, porque el Estado no está acompañando a sus lugares de trabajo para garantizar su desarrollo productivo, donde sus tareas también están vinculadas con un costado terapéutico.
“El sector, que cuenta con 385 talleres en todo el país, no escapa a las generales de la ley y está restringido en su actividad por la cuarentena y los pocos ingresos que genera ya no existen”, explicó Mónica Pissarro, directora de la asociación civil “Todo para Ellos” de Necochea, este viernes en Buen Telefe.
Los Talleres Protegidos, en un limbo legal
En 2013 se promulgó la ley 26816, reglamentada a medias en 2015, que regula la actividad y la creación de estos talleres productivos que contiene a trabajadores con discapacidad. “Sin embargo, no se está respetando y estos trabajadores pierden sus derechos”, adviritó Pissarro desde la ciudad de Necochea.
En el taller "Todo para Ellos” de esa ciudad balnearia trabajan 42 personas que, por su condición, no pueden acceder al mercado laboral competitivo. El taller se dedica al tratamiento de residuos sólidos y produce cerca de 14 toneladas al año.
Si bien existe un sistema de becas provinciales a este tipo de espacio, es insuficiente. Solo reciben del Estado provincial 1.500 pesos mensuales y cada trabajador recibe un peculio institucional de 1.300 pesos al que se le suman 500 pesos del Estado nacional, lo que termina por completar un “salario” de 1.800 pesos por cada trabajador.
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