Inés Sánchez, integrante del Proyecto Galgo Argentina, explicó a Télam que la asociación galguera de San Luis fue habilitada después de la promulgación, en 2016" de la Ley 27.330.
La asociación cuestionada realizó tramitaciones jurídicas y un censo público en redes sociales, "pidiendo la regulación de la actividad", pese a que esta actividad fue "prohibida y tipificada por el Código Penal, como una actividad ilícita con penas de prisión efectiva, multas que alcanzan los 140 mil pesos y penas de cumplimiento comunitario", dijo Sánchez.
"Estamos pidiendo la revisión del objeto social de la asociación, porque constituye un delito" ya que fue inscrita en 2017, luego de promulgada la ley nacional, pero además hoy "están pidiendo la regulación de la actividad", en una nueva "embestida" que constituye "una violación a una norma aprobada por el Congreso, luego de larga luchas", aclaró Sánchez.
El objeto social cuestionado, con el que fue concedida la personería jurídica en 2017, establece "fomentar y perfeccionar la raza pura sangre del galgo de competición carrera (Greyhound) con el objetivo de competir a nivel deportivo nacional e internacional" y detalla el pedido de "reglamentar las competencias con galgos, dándole un marco deportivo".
Por ello, integrantes del Proyecto Galgo Argentina presentaron ante el Registro provincial un pedido de "revisión del objeto, su cambio o su baja" por considerar que la autorización se concedió "violando una ley existente y en vigencia".
Fuente: Télam
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