Tres presos fueron acusados de realizar estafas desde la cárcel de Magdalena contra los jueces de San Isidro, Luis Cayetano Cayuela y Juan Eduardo Stepaniuc. Según la investigación, a uno de los magistrados le hackearon su cuenta de WhatsApp, mientras que el otro logró evitar la maniobra tras ser advertido.
La causa se inició el 19 de febrero, cuando Cayuela recibió un llamado de un hombre que se hizo pasar por empleado del correo Andreani. Durante la comunicación, le solicitó un código de verificación enviado a su teléfono y, tras obtenerlo, tomó el control de su cuenta de WhatsApp. Desde allí, el estafador se hizo pasar por el juez y pidió dinero a sus contactos.
Una semana más tarde, Stepaniuc denunció haber recibido un llamado con la misma modalidad, aunque en su caso logró interrumpir el engaño a tiempo gracias a la advertencia de un colega.
De acuerdo al parte policial, la investigación llevada adelante por la DDI y la UFEIC Zona Norte, mediante análisis de comunicaciones e intervenciones telefónicas, permitió determinar que los involucrados realizaban múltiples llamados diarios a distintas víctimas.
Las pesquisas establecieron que los acusados utilizaban tres modalidades: suplantación de identidad del correo Andreani, de la empresa Movistar y de soporte técnico de WhatsApp. En todos los casos, el objetivo era obtener códigos de verificación y contraseñas para apropiarse de cuentas y solicitar transferencias.
Además, se determinó que las maniobras se realizaban desde la Unidad Penitenciaria N° 35 de Magdalena, donde los internos denominaban la actividad como “Call Center Carcelario”, lo que permitió identificar el pabellón, la celda y a los responsables.
Con esa información, se realizó un allanamiento en el pabellón 7, celda 3, donde se secuestraron seis teléfonos celulares, cargadores y tarjetas SIM de la empresa Claro.
En el operativo fueron aprehendidos Gabriel Giménez, señalado como líder de la organización, junto a Juan Acuña y Facundo Ponce, todos alojados en la misma celda.
Según se informó, Giménez cumple una condena de tres años y medio por robo doblemente agravado y otra de diez años por robo agravado por el uso de armas.
La investigación está a cargo de la UFI de Ciberdelitos Zona Norte, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, junto con el Juzgado de Garantías N°4.
Fuente: NA.
