"No hacemos caridad cuando alquilamos, firmamos un contrato de alquiler y como cualquier persona que firma un contrato pretende que ese contrato se cumpla", remarcó Ignacio, un joven de 31 años que recibió un pedido de la inmobiliaria para subir el valor de la renta por fuera del contrato.
Su historia se conoce a pocos días de que se cumplan tres años de vigencia de la cuestionada Ley de Alquileres, cuando comenzarán a vencer los primeros contratos firmados entre inquilinos y propietarios con plazo de 36 meses como estipula esa norma, y en medio de un fuerte debate sobre la continuidad de la iniciativa impulsada durante el Gobierno de Mauricio Macri y puesta en marcha durante la actual administración.
El objetivo de la norma fue dar mayor previsibilidad a los inquilinos al extender el plazo y fijar una modalidad de actualización; sin embargo, sumado al contexto de pandemia, el efecto en el mercado fue que cayó la oferta de propiedades para alquiler, los propietarios las retiraron, y se registró una suba en el costo de entrada a las propiedades.
Y la situación es complicada no solo para dueños, sino que es crítica para inquilinos, con menor oferta, valores cada vez más lejanos a su bolsillo y gran incertidumbre sobre el futuro.
En ese contexto fue que Ignacio, empleado de una empresa de tecnología, recibió por WhatsApp un mensaje de la inmobiliaria: "Tenés contrato hasta octubre y el alquiler fijo hasta esa fecha. Pero la propietaria apela a tu buena voluntad ya que el alquiler quedó totalmente desactualizado".
En la actualidad está abonando $70.000 mensuales por un departamento de dos ambientes en el barrio porteño de La Paternal. Y le pidieron: "El mismo debería de de $140.000. ¿Podrías ver la posibilidad de abonar más?".
"Yo no sé qué desayuna esta gente para tener la cara tan, pero tan dura", cuestionó Ignacio y, en declaraciones a TN, detalló: "Ingresé a este departamento hace tres años y pagaba alrededor de $24.000".
Y añadió: "Sé que hoy en día, para lo que es el mercado, es un alquiler bastante barato. Y es cierto que quedó desfasado en relación a la inflación y a como está el país. Eso lo tengo presente. Pero tampoco es mi culpa".
Según afirmó, si hoy pagara un alquiler de $140.000, gastaría cada mes "más de $230.000 solo entre eso y los servicios del departamento".
Respecto al requerimiento que le hizo la inmobiliaria en nombre de la propietaria, señaló: "La realidad es que me reí para no angustiarme. El famoso dicho: me río para no llorar".
Acostumbrado a vivir solo y alquilar desde los 23 años, el joven insistió: "La inflación y la realidad que estamos atravesando hoy como país y como sociedad yo la entiendo. Y la comparto. Pero no es mi culpa, creo que no es culpa de nadie, al menos de la clase media".
"¿Y cómo lo recibí? La verdad es que no lo recibí bien. Primero porque no me puedo poner del lado de la propietaria, porque yo estoy alquilando y también tengo mis dificultades", sostuvo.
En ese sentido, recalcó: "Creo que todos los que alquilamos no lo hacemos por diversión. No alquilamos porque nos gusta, sino que es una necesidad, porque necesitamos un techo, por supuesto y no tenemos propiedad. No hacemos caridad cuando alquilamos, firmamos un contrato de alquiler y como cualquier persona que firma un contrato pretende que ese contrato se cumpla".
Además, se refirió a la incertidumbre y la dificultad que enfrenta de cara a los próximos meses en relación a su vivienda: "Obviamente, me da muchísima ansiedad porque sé que en octubre el contrato me vence. La verdad es que no tengo idea si quiero renovar donde estoy ahora o si quiero buscarme un lugar nuevo, pero me pone como en una situación medio entre la espada y la pared".
"Si yo me quiero quedar acá, obviamente si no les abono, no les pago un poco más ahora como para equilibrar el defasaje que quedó del alquiler, se van a agarrar de eso", admitió.
También se quejó del intermediario: "La inmobiliaria en la que estoy prácticamente nunca ha tenido buena voluntad conmigo. Entonces, ¿por qué ahora yo tengo que tener buena voluntad con ellos? Es como un poco difícil ponerse en una situación empática con la inmobiliaria en este caso. Y también me da muchísima ansiedad porque sé que los precios están por las nubes".
"Ya estuve viendo, estuve chusmeando un poquito y sé que un dos ambientes oscila entre los $100.000 y $120.000. Da la sensación de que vivir se convirtió en un privilegio, ¿no? Alquilar una casa, alquilar un dos ambientes, un monoambiente, se convirtió en un privilegio que muy pocos nos podemos dar y no en un derecho", cuestionó el joven que estudia para ser analista de sistemas.
Una ley cuestionada, con pérdidas para todos
El 1 de julio de 2020, tras la aprobación del Congreso, entró en vigencia la actual Ley de Alquileres, que introdujo como modificaciones principales la extensión a tres años en los contratos de locación -anteriormente de dos años- y la actualización anual sobre la base del Índice de Contrato de Locación (ICL) -coeficiente entre el IPC y el Ripte-, que elabora el Banco Central (BCRA).
Hasta ese momento, los aumentos en los alquileres se pactaban de común acuerdo entre inquilinos y propietarios, intermediados por las inmobiliarias, mayormente con una periodicidad semestral y en algunos casos anual.
El objetivo de la norma fue dar mayor previsibilidad a los inquilinos al extender el plazo y fijar una modalidad de actualización; sin embargo, sumado al contexto de pandemia, el efecto en el mercado fue que cayó la oferta de propiedades para alquiler, los propietarios las retiraron, y se registró una suba en el costo de entrada a las propiedades.
Se estima que el stock de propiedades en alquiler cayó más de 30% y creció la tendencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires (CABA), a negociar los alquileres en plazos temporarios y en algunos casos en dólares, lo que evade las condiciones de la ley.
El 52% de las ofertas de alquileres son en dólares en CABA, según un relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) realizado en mayo.
Asimismo, por la retracción de la oferta, se elevaron los precios de entrada a los alquileres: en mayo la mediana de los monoambientes ofertados en CABA fue $ 92.500 (+115,1% interanual), con lo cual el Salario Mínimo Vital y Móvil, que en mayo era $ 84.512, cubre el 91,4% de un alquiler.
En el caso de 2 ambientes la mediana en mayo fue $ 120.000 (+140%) y para 3 ambientes $ 160.000 (109,2%), según CESO.
Dentro de los contratos, un alquiler que comenzó en julio de 2020, tuvo en julio de 2021 un primer aumento de acuerdo con el ICL de 41%, luego en julio de 2022 tuvo el segundo incremento de 58,16% y en julio próximo aumentaría alrededor de 95% de acordarse la renovación del contrato, lo que acumula una suba cercana a 360%.
Sobre esta situación, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó que hace falta un paso más para que la ley favorezca a los inquilinos, que consiste en "regular el precio inicial del contrato".
En tanto, la presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (Cucicba), Marta Liotto, consideró que "es altamente probable que la situación se agrave en los próximos meses", dado que "a partir de este mes comienzan a vencerse los contratos firmados dentro del marco de la actual Ley de Alquileres, y esto implicará una fortísima suba de los cánones locativos".
"Esto se agravaría aún más si los propietarios de muchos de esos inmuebles deciden no mantenerlo en alquiler; la situación es verdaderamente desesperante para los inquilinos", afirmó Liotto.
Dijo que "para salir de esta situación, hay que avanzar con la necesidad de modificar la Ley de Alquileres y a la vez poner en práctica un paquete de medidas dirigidas a aumentar el stock de unidades en alquiler".
Por su parte, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), señaló que "antes de la ley, una propiedad estaba entre 60 y 90 días en oferta y ahora no hay propiedades, son escasas o nulas la oferta y un inquilino está a la espera hasta que sale una y cuando aparece tiene que ser apta a su presupuesto".
"El problema es: ¿A dónde van las familias? La mayoría hace extensiones de sus contratos tratando de contener la situación y los propietarios entienden que las partes se tienen que poner de acuerdo", agregó Bennazar.
Consideró "fundamental avanzar en el cambio para los plazos de contratos, al menos habría que volver a dos años y que la actualización de los precios se ajuste cada tres meses".
En estos tres años, hubo distintos debates en el sector y proyectos legislativos para modificar la Ley, así como se evaluó la posibilidad de derogarla, lo que no avanzó hasta el momento por falta de consenso.
Ricardo Botana, titular de la Unión Argentina de Inquilinos, señaló que "la nueva ley trajo nuevos derechos para los inquilinos, el tema del aumento de 2 a 3 años es muy bueno, que le tengan que devolver el depósito actualizado, que puedan rescindir sin pagar indemnización si pre avisa con tres meses, son cuestiones y derechos que le han hecho bien al inquilino".
Además, sostuvo que "el tema de fijar un aumento atado la mitad de ese índice al IPC, a la inflación, y la otra parte a los salarios, la verdad que no ha sido bueno, de un día para el otro pagar el doble al inquilino lo complica mucho".
"Los locadores vieron poco seductor seguir con los contratos de locaciones comunes por tres años y se empezaron a volcar muchos a las plataformas temporarias o directamente lo quisieron vender, entonces en los centros urbanos del país estamos viendo cada vez menos oferta para alquileres comunes", agregó Botana.
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