Según lo publicado este martes por los colegas del diario La Capital de Rosario, el hombre cometió un robo a mano armada en 2007 y fue detenido, aunque por beneficio de la ley vigente entonces (artículo 346 del Código Penal) se le concedió el arresto domiciliario con salidas laborales. En el juicio que enfrentó por ese delito fue sentenciado a seis años y medio de prisión, pero como nunca se notificó del fallo continuó con su vida en libertad.
Desde que la Cámara confirmó la condena, en 2010, hasta que finalmente fue apresado, a fines de agosto del 2016, Joel cumplió con muchos trámites ciudadanos: tuvo varios empleos formales, renovó su DNI y fue a votar en todos los comicios, sin que nadie jamás lo detuviera.
Tras detenerlo, hace poco más de un año, la Justicia quiso que cumpliera efectivamente la pena, pero fue entonces cuando salieron a respaldarlo desde los representantes de su gremio Uocra, hasta el propio gerente de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja.
Su abogado, Marcelo Argenti, elevó el planteo a la Cámara Penal y la Fiscalía de Cámaras finalmente estuvo de acuerdo con que el joven merecía conservar su trabajo, durmiendo en la alcaidía de San Lorenzo.
"La ley explica que la prisión no tiene por fin servir como castigo, sino como resocialización, algo que acá se estaba dando de hecho y de lo que había sobradas pruebas", argumenta Argenti.
Es obvio que la resocialización es un proceso. Y eso fue, a entender del abogado (quien lo representó sólo en esta instancia, no durante el juicio que terminó en condena), lo que ocurrió con su defendido a lo largo de los seis años que permaneció libre, sin cumplir la pena.
Entre el 2009 y la actualidad, Joel G. tuvo varios empleos registrados: en Micropack, Femar Construcciones, Microcel y Brajkovic SA. Como tenía "intenciones de progresar", durante un año también asistió y aprobó un curso de herrería en la Escuela Nocturna 2572.
Además cumplió con sus deberes cívicos, ya que votó en todos los comicios provinciales y nacionales del 2007 a la fecha. Como en un momento perdió su DNI, volvió a tramitarlo. Tuvo un hijo y durante todos estos años fue sostén del hogar, ya que ni el joven ni su concubina tienen ningún tipo de ayuda ni apoyo familiar. Nunca reincidió en el delito.
Pese a todos esos tránsitos con diversas instituciones, nunca nadie lo detectó para que cumpliera con su condena, hasta que finalmente en agosto pasado terminó detenido.
Fue entonces cuando Argenti tomó la representación del muchacho y solicitó a la jueza penal Nº 1, Luciana Prunotto, que concediera el beneficio de un "estado de semilibertad" incorporando al condenado a un régimen de salidas laborales. Pero tanto la fiscalía como la magistrada se opusieron.
La decisión fue apelada y a ese nivel, finalmente, antes de que el tribunal se expidiera, el defensor pudo llegar a un acuerdo con el fiscal de Cámaras Nº 3, Guillermo Corbella.
