Una jueza de Violencia Familiar de Salta le ordenó a las autoridades locales que adopten urgentes medidas de protección contra la "violencia obstétrica" que padecen madres en situación de parto en hospitales públicos y privados.
La jueza Noemí Valdez resolvió "requerir" a los directivos de un hospital privado provincial que en el plazo de diez días "presente un programa de planeamiento y abordaje para la prevención de casos de violencia de género y específicamente de violencia obstétrica".
Lo hizo ante la denuncia de una mujer que en setiembre de 2016 concurrió a una revisión ginecológica en el establecimiento asistencial y le indicaron que controlara sus contracciones y la mandaron a su casa, distante unos 30 kilómetros del lugar en el que debía dar a luz.
La mujer, según publicó el sitio especializado en jurisprudencia elDial.com, denunció graves padecimientos de que fue objeto por parte de las autoridades administrativas y médicas del hospital.
Entre ellas, "el maltrato verbal de los médicos mientras debatían en qué sala sería el parto, la ausencia de mantas para cubrir a la hija y a ella misma una vez producido el nacimiento, el registro de la beba con un nombre y horario erróneo, la demora en amamantar y la ausencia de analgésicos".
Enviada a su domicilio, la mujer rompió bolsa en el trayecto, por lo que debió regresar al hospital, donde "no había silla de ruedas para entrar al sanatorio" y un médico que la atención le imprecó: "Qué es eso de andar pariendo en cualquier lado".
La parturienta denunció que "a su bebé recién nacida le pusieron ropa de otro bebe primero y luego lo envolvieron en toallas porque la dueña de la vestimenta ya había nacido".
La jueza tomó nota de las denuncias y resolvió "emplazar al Ministerio de Salud a fin de que en un término de tres meses informe acciones y gestiones que a corto, mediano y largo plazo se implementen en la Provincia para el efectivo cumplimiento" de los protocolos contra la violencia de género en su modalidad "obstétrica".
El fallo exhorta al Ministerio de Salud "a capacitar al personal de la salud en el ámbito público como privado en materia de violencia de género y obstétrica".
Además, la jueza remitió oficio a la "Superintendencia de Seguros de la Salud"; al INADI; al Observatorio de Violencia contra las Mujeres; al Colegio Médico de la Provincia de Salta y a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Salta sobre lo ocurrido. (DyN)
