El 3 de noviembre de 1995 explotó la Fábrica Militar de Río Tercero y provocó la muerte de siete personas. El hecho también dejó 300 heridos. Lo sucedido fue considerado por el Poder Judicial como una acción “intencional, programada y organizada” para “ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”.
En septiembre de 2015 se sancionó la Ley 27179, la cual estableció el derecho de las víctimas a recibir una indemnización por la tragedia.
Mediante el Decreto 845/2024 de este lunes, el Poder Ejecutivo dispuso que el pago de las indemnizaciones previstas por la Ley 27179 será por medio de Bonos de Consolidación.
Por otra parte, la reglamentación también deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 596 de noviembre de 2023, la cual ya dictaba una compensación económica para los damnificados.
Sin embargo, el gobierno de turno afirma que tal decreto no disponía una ampliación presupuestaria “ni identificó fondos asignados que debían retraerse para hacer frente al impacto económico”.
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