Organizaciones de la sociedad civil de todo el país se movilizaron este miércoles para expresar su rechazo al proyecto del Gobierno que busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad (SUPB). En Santa Fe, la manifestación se concentró en la Plaza 25 de Mayo, donde miles de personas se reunieron para defender sus derechos.
El proyecto en cuestión, que ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Legal y Técnica del Senado, busca eliminar el costo único para las prestaciones básicas de las personas con discapacidad. Esto significa que cada prestador podría fijar su propio precio, lo que podría generar un aumento significativo en los costos para las personas con discapacidad y sus familias.
Las organizaciones que participaron de la marcha advirtieron que este proyecto podría dejar a 200 mil personas sin acceso a las prestaciones básicas. Entre las prestaciones que se verían afectadas se encuentran los centros de día, los hogares, el transporte y la atención profesional en consultorios.
Gabriela Ortolochipi, de la Unión de Entidades de y para Discapacitados, señaló que el sistema actual "garantiza la universalidad del acceso a las prestaciones de apoyo". "De promulgarse esta medida entraría en vigencia automáticamente y pondría en desigualdad total a las personas con discapacidad, más allá de la cobertura de obra social que tenga. Hay casos que la persona con discapacidad necesita este tipo de prestaciones durante toda su vida", agregó.
Por su parte, la profesional Violeta Yossen destacó la importancia del arancel único para las prestaciones. "Lo que fue muy importante en nuestro trabajo, es que a lo largo de los años todos respetaron el arancel fijado para las prestaciones. De esta manera, siempre fue accesible para todas las personas con discapacidad. Incluso para las que no tienen recursos, porque si alguien no tiene obra social, está incluido en el programa Incluir Salud", explicó.
La marcha se desarrolló de manera pacífica y contó con la participación de personas con discapacidad, familiares, organizaciones sociales y políticas. Los manifestantes reclamaron al Gobierno que dé marcha atrás con el proyecto y que garantice el acceso a las prestaciones básicas para todas las personas con discapacidad.
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