La Justicia santiagueña imputó a 24 docentes por presunta defraudación calificada y falsificación de instrumento público porque presentaron certificados médicos aparentemente apócrifos por enfermedades que no habrían padecido, con lo que lograron cobrar el salario por días que no trabajaron.
La investigación se originó con dos denuncias que realizaron asesores letrados del Consejo General de Educación ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación, que abarcaban a 47 personas sospechadas de la maniobra delictiva.
El juez Darío Alarcón amplió ayer una primera imputación y se elevó a 24 la cantidad de educadores de distintos niveles que deberán responder al requerimiento del fiscal de instrucción, Julio Vidal.
Por otra parte, desde Fiscalía de Estado se pedirá copias del expediente al juez Alarcón para iniciar las acciones legales y administrativas tendientes a recuperar el dinero que fue abonado a los docentes que no trabajaron sin real justificación.
Por efecto de esta situación, la cantidad de pedidos de licencia por razones de salud en Reconocimiento Médico para el sector docente decreció a 70 por día, cuando el promedio antes del escándalo era de alrededor de 200, revelaron fuentes de ese organismo.
