La Fiscalía de San Carlos de Bariloche, encabezada por Fernando Arrigo, apeló la prisión domiciliaria concedida a Rudnev Konstantin, señalado como líder de una presunta organización con fines de trata de personas detectada en Río Negro.
El planteo del Ministerio Público cuestiona la resolución dictada el 23 de abril por los jueces de Revisión del Distrito General Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, quienes hicieron lugar parcialmente al pedido de la defensa y dispusieron que el acusado cumpla la prisión preventiva en un domicilio ubicado en San Vicente, provincia de Buenos Aires.
Según se había establecido, la medida incluía una serie de condiciones: uso de tobillera electrónica, una caución de $30 millones, prohibición de contacto con las víctimas y la firmeza de la resolución judicial.
En su impugnación, la fiscalía sostuvo que “la resolución no constituye una derivación razonada del ordenamiento adjetivo vigente e incurre en una clara y manifiesta arbitrariedad fáctica y normativa”. Además, afirmó que se trató de una “valoración parcial, fragmentada y errónea de los elementos de convicción” que habían justificado la prisión preventiva bajo otra modalidad.
También cuestionó el criterio de “proporcionalidad en el tiempo”, al señalar que el plazo de detención preventiva no puede evaluarse de forma automática, sino en función del estado del proceso, la gravedad del hecho investigado y la eventual pena en expectativa.
Otro de los puntos señalados fue que el imputado cumpliría la domiciliaria junto a una mujer que estuvo bajo investigación en la causa, aunque no fue imputada, y que la vivienda propuesta se encuentra a más de 1.400 kilómetros del tribunal que interviene en el expediente.
Respecto del control mediante tobillera electrónica, la fiscalía advirtió que el dispositivo solo permite verificar la permanencia en el domicilio, pero no el tipo de contacto que el acusado pueda mantener con terceros ni la eventual comisión de nuevos delitos.
El Ministerio Público también insistió en la existencia de riesgo de fuga y recordó que Konstantin cuenta con una condena previa en Rusia a 11 años de prisión por delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia sexual y tráfico de estupefacientes. Además, remarcó que al momento de su detención en el aeropuerto de Bariloche presuntamente intentaba abandonar la ciudad y se autolesionó con una hoja de afeitar.
Mientras se aguarda la resolución de la Justicia, la defensa del imputado, a cargo de Martín Sarubbi, presentó un habeas corpus correctivo ante la demora en la implementación del arresto domiciliario.
El recurso apunta a que Konstantin continúa alojado en la Unidad 6 de Rawson, pese a que existe una resolución judicial que ordena el cambio en la modalidad de detención. Según Sarubbi, esta demora implica un agravamiento ilegítimo de las condiciones de encierro.
El abogado también cuestionó la falta de acción de las autoridades para concretar el traslado, al considerar que ni el juez interviniente ni la oficina judicial adoptaron las medidas necesarias para ejecutar la decisión.
Fuente: NA.
