El organismo de estudio internacional denunció en las últimas horas que en las Malvinas existe un complejo internacional organizado de explotación de recursos naturales argentinos mediante la entrega de licencias pesqueras a flotas extranjeras, sin control del país de origen y con un impacto económico, ambiental y social de magnitud creciente.
La investigación fue encabezada durante los primeros días de abril por el propio presidente de la FULASP, Raúl Cereseto, quien viajó especialmente a las Islas Malvinas, en donde se reunió con sus autoridades y relevó información en territorio que le permitió confirmar de primera mano el funcionamiento del esquema vigente.
A partir del entrecruzamiento de datos públicos y privados, registros oficiales, información satelital y relevamientos propios, la entidad pudo determinar que el Reino Unido ha consolidado un modelo de extracción basado en la entrega de cuotas pesqueras a largo plazo (25 años), que permiten la explotación intensiva de especies migratorias originadas en aguas argentinas.
Siguiendo las estadísticas relevadas, durante el año 2024 (últimos datos oficiales) la captura total en aguas bajo control británico alcanzó las 261.903 toneladas, consolidando uno de los niveles más altos de los últimos años. Dentro de ese volumen, se destaca el caso del calamar Illex argentinus, con 146.689 toneladas capturadas, posicionándose como uno de los registros más elevados de la última década.
El trabajo también señala que el Reino Unido percibe aproximadamente 39 millones de libras esterlinas anuales en concepto de permisos pesqueros, en un esquema que genera cerca de 1.000 millones de dólares por año, y que representa alrededor del 65% de los ingresos totales de las islas, consolidando a la pesca como la actividad económica central del enclave.
En relación al circuito operativo, la denuncia destaca que el sistema carece de desarrollo productivo local, ya que solo el 20% de lo capturado se descarga en Malvinas, mientras que el 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia los países que reciben las cuotas de pesca.
En ese sentido, Cereseto explicó que “es muy evidente que no existe ningún tipo de desarrollo industrial en las islas, ya que incluso el volumen que se descarga en territorio isleño no genera empleo, porque se deposita directamente en contenedores refrigerados y se envía congelado”.
Asimismo, el informe advierte que en plena temporada operan entre 100 y 120 buques con licencia activa por año, mientras que en picos de actividad (especialmente calamar), puede llegar a haber más de 130 embarcaciones operando simultáneamente. Es importante tener en cuenta que el número de licencias suele ser mayor que el número de barcos, porque un mismo buque puede operar con más de una licencia (Illex, Loligo, merluza, etc.).
Por otra parte, la investigación pone el foco en la participación de flotas europeas, que operan bajo licencias británicas en Malvinas mientras sus países sostienen formalmente el reconocimiento de la soberanía argentina, configurando lo que la FULASP define como un “doble discurso internacional”.
“Resulta inaceptable que países que manifiestan públicamente su respaldo a la posición argentina participen simultáneamente de un esquema que vulnera directamente sus derechos soberanos”, sostuvo Cereseto.
El trabajo también destaca que una parte significativa de los buques extranjeros que operan bajo licencias otorgadas por el Reino Unido no limita su actividad a las aguas bajo control británico, sino que se desplaza hacia la denominada milla 201, donde desarrollan prácticas de pesca intensiva que, en muchos casos, derivan en incursiones ilegales sobre la Zona Económica Exclusiva argentina. Este comportamiento configura un esquema de presión permanente sobre los recursos del Mar Argentino, al que se suma un dato alarmante: en esa misma región se han registrado 59 tripulantes fallecidos entre 2013 y 2021, lo que expone condiciones laborales altamente críticas dentro de parte de la flota que opera en el Atlántico Sudoccidental, en un contexto de escasa fiscalización y controles prácticamente inexistentes.
Siguiendo la misma línea, el documento advierte que los impactos de este modelo no se limitan al plano económico, sino que también comprometen seriamente la sustentabilidad del ecosistema marino. En ese sentido, se destaca que en 2024 la segunda temporada del calamar Loligo debió ser cancelada por falta de biomasa, lo que constituye una señal clara de sobreexplotación.
La entidad considera que este esquema extractivo, basado en la explotación intensiva de recursos migratorios sin coordinación regional, podría derivar en un colapso ecológico irreversible, afectando no solo a las especies objetivo sino también al equilibrio del Atlántico Sudoccidental.
Justamente, uno de los aspectos más contundentes de la investigación radica en que los informes pesqueros oficiales de las islas reconocen explícitamente el carácter migratorio
de las principales especies explotadas, detallando biológicamente cómo estos recursos se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, el alta mar y las aguas bajo control británico.
Entre las especies identificadas se destacan la Merluza común (Merluccius hubbsi),el Calamar Illex (Illex argentinus), la Polaca (Micromesistius australis), la Merluza de cola (Macruronus magellanicus y el Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides).
Al respecto, Raúl Cereseto sostuvo que “es muy grave que los propios informes británicos reconozcan que los recursos que explotan nacen, crecen o se reproducen en aguas argentinas y que lo sigan haciendo inescrupulosamente. Es decir, no hay discusión técnica: estamos frente a un proceso de apropiación de recursos migratorios que pertenecen al ecosistema del Mar Argentino”.
Frente a este escenario, la FULASP anunció que impulsará esta semana una serie de acciones concretas ante la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, por el riesgo de colapso ecosistémico, solicitando intervención urgente ante la falta de manejo sostenible y el impacto sobre la biodiversidad marina; ante el bloque regional del MERCOSUR, para impulsar el tratamiento regional del conflicto, considerando el impacto económico y productivo que la actividad genera sobre los países miembros, especialmente en términos de empleo y competitividad; frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se exigirá el inicio de acciones diplomáticas para denunciar la explotación unilateral de recursos en territorio en disputa, en violación de principios del derecho internacional; y, finalmente, ante la Unión Europea, donde se solicitará el reconocimiento de la zona como territorio en litigio, con el objetivo de suspender beneficios arancelarios a productos pesqueros provenientes de Malvinas, en virtud de la participación de empresas europeas en el esquema.
“Este no es un problema pesquero: es un problema de soberanía, de desarrollo económico y de sustentabilidad ambiental. El Reino Unido ha montado un sistema de extracción sistemática de recursos argentinos con complicidades internacionales, y eso debe ser denunciado en todos los ámbitos”, concluyó Raúl Cereseto.
