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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía general para personas detenidas por motivos políticos, una medida que también contempla el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de represión y abuso bajo gobiernos chavistas anteriores.
En un acto oficial realizado frente al Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez sostuvo que la iniciativa busca “favorecer la convivencia” en el país después de años de polarización, y llamó a evitar la violencia o la venganza en el proceso político. La presidenta encargada además afirmó que la decisión fue discutida con Nicolás Maduro.
La amnistía no solo liberaría a los presos políticos, sino que podría borrar las causas penales en su contra, un paso jurídico más allá de las excarcelaciones parciales que se han producido en las últimas semanas. Diferentes organizaciones señalan que cientos de personas siguen detenidas por causas que consideran arbitrarias.
El anuncio tiene lugar en medio de un proceso de liberación heterogéneo: mientras el Gobierno oficialista asegura haber dejado en libertad a más de 600 presos, organizaciones de derechos humanos verifican cifras sensiblemente menores, y advierten que muchas liberaciones todavía están sujetas a restricciones, como prohibiciones de salir del país o de hablar con la prensa.
La clausura de El Helicoide, un edificio emblemático por los testimonios de tortura y detención arbitraria que recibieron activistas, opositores y periodistas, es presentada por Rodríguez como parte de una transformación institucional y social. Sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos mantienen reservas sobre la transparencia y el alcance real de las medidas anunciadas.