El ex líder militar bosniocroata Slobodan Praljak, que se quitó la vida el pasado miércoles delante del tribunal que le juzgaba en La Haya, tomó "posiblemente cianuro de potasio" y murió por una "insuficiencia cardíaca", dijo la Fiscalía general holandesa.
El Instituto Forense holandés realiza la autopsia del cuerpo de Praljak para determinar las causas exactas de su muerte, después de ingerir un líquido delante del tribunal que le juzgaba por crímenes en la guerra de los Balcanes (1992-1995).
A la espera del informe final definitivo, y según se evidencia en los resultados preliminares de la prueba toxicológica, Praljak bebió efectivamente veneno, tal y como él mismo afirmó delante del Tribunal para la antigua Yugoslavia (TPIY) antes de morir.
Dos expertos croatas estuvieron presentes durante la autopsia, después de haber sido admitidos como observadores en consulta con el tribunal y las autoridades croatas.
Praljak se quitó la vida como protesta por los 20 años de prisión a los que fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad contra civiles musulmanes.
A petición de la corte internacional, las autoridades holandesas iniciaron el mismo día del fallecimiento "una investigación independiente" sobre la muerte.
Además de la cuestión de qué sustancia tomó Praljak, la investigación del Ministerio Público en La Haya se centra en cómo el ex general bosniocroata, de 72 años, obtuvo ese veneno y quién se lo suministró.
Praljak, que fue condenado por crímenes contra la humanidad por su papel en la guerra en Bosnia, llevaba desde 2004 bajo arresto y era muy probable que saliese de prisión dentro de unos meses, al cumplir los dos tercios de su condena necesarios para obtener la libertad.
Las preguntas giran ahora sobre cómo Praljak pudo hacerse con el veneno, a pesar de la fuerte custodia en prisión y la seguridad dentro del tribunal.
Según el abogado Erik Kok, que trabajó como asistente legal en el TPIY durante seis años, es muy difícil evitar que un recluso obtenga "drogas o teléfonos móviles" dentro de prisión.
El ala de la prisión holandesa de Scheveningen donde se encarcela a los sospechosos y condenados del TPIY está dirigida por la ONU y los guardias son sus funcionarios, lo que evita cualquier responsabilidad de los Países Bajos en este suceso.
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