La medida surge a partir de una enmienda constitucional aprobada previamente por el Congreso y elimina el régimen especial que diferenciaba el tratamiento penal de los menores infractores, permitiendo sanciones mucho más severas.
Según el nuevo marco legal, la cadena perpetua podrá aplicarse en casos extremos, aunque la normativa contempla la posibilidad de revisiones periódicas de las condenas, lo que abre una instancia de evaluación del cumplimiento de las penas.
La reforma entrará en vigor el próximo 26 de abril y ya generó un fuerte debate a nivel internacional por su impacto en el sistema de justicia juvenil del país centroamericano.
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtieron sobre posibles vulneraciones a los derechos de la niñez, expresando preocupación por el endurecimiento del régimen penal.
Desde el gobierno, Bukele defendió la iniciativa al sostener que el sistema previo favorecía la “impunidad” en delitos graves cometidos por menores y que la reforma busca reforzar la seguridad pública.
