Abogado de detenidos en Plaza de Mayo advirtió "un déficit probatorio alarmante"

Ismael Jalil, uno de los abogados de los 31 detenidos por los incidentes ocurridos en los alrededores de Plaza de Mayo tras la marcha para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, alertó este lunes que la causa en la que están acusadas estas personas tiene "un déficit probatorio alarmante".

Jalil, quien pertenece a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), advirtió sobre el "peligro en que está la sociedad argentina con la posibilidad de recibir cualquier ciudadano una causa armada como la que tuvimos a la vista".

El letrado formuló estas declaraciones a radio La Red, luego de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó liberar a los 30 de los 31 detenidos por los enfrentamientos del viernes pasado entre un grupo de manifestantes y la Policía al término de la marcha por Maldonado.

"Nosotros pudimos observar el expediente en una causa con un déficit probatorio alarmante. El peligro en que está la sociedad argentina con la posibilidad de recibir cualquier ciudadano una causa armada como la que tuvimos a la vista. Ni el juez pudo imputar concretamente", enfatizó Jalil.

El abogado confirmó que solo quedó detenido una persona por cuestiones de no poder acreditar su documentación, ya que no se sabe si es un ciudadano colombiano o venezolano.

Todos los detenidos fueron acusados de los delitos de intimidación pública, resistencia a la autoridad y daños, que prevén una pena máxima de 8 años de prisión.

La referente de CORREPI María del Carmen Verdú advirtió que corresponde el "sobreseimiento" de las personas que fueron detenidas.

Verdú consignó que "los 30 compañeros que estaban detenidos desde el viernes a la noche fueron liberados por orden del juez, que firmó las excarcelaciones a las 5 de la tarde, y habría que tener más tiempo para entender por qué recién a las 5 de la mañana estuvieron en la vereda".

La letrada planteó que el juez Martínez De Giorgi "tiene 10 días para definir la cuestión de fondo", en referencia a que "puede procesar, sobreseer o dictar falta de mérito".

Al respecto, consideró que "el destino inexorable de esta causa es el sobreseimiento definitivo y el archivo, y la generación de nuevas actuaciones para investigar la infinidad de delitos que hemos constatado con solamente escuchar algunas de las declaraciones indagatorias".

Para Verdú, hubo en los hechos del viernes último "falsedades ideológicas, amenazas y una cantidad de situaciones" de las fuerzas de seguridad que deben "ser investigadas, no solamente en cabeza del personal policial que estuvo en la calle sino de sus responsables jerárquicos y políticos".

En declaraciones a las radios Rivadavia y Blue, añadió que las detenciones de las 31 personas se llevaron a cabo en "lugares muy dispares y diferentes a lo señalado en las actas policiales, y en horario distinto del señalado".

Verdú informó además que los liberados estaban "golpeados, algunos todavía con los efectos del gas irritante", aunque destacó que "tuvieron muy alta moral durante estas 55 horas que estuvieron detenidos y no tienen lesiones de gravedad".

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió el accionar de la Policía pero admitió que se abrió "un sumario interno para evaluar la actuación" de los integrantes de la fuerza de seguridad.

El mandatario capitalino, además, ratificó que la restauración de los daños provocados en Plaza de Mayo y alrededores demandará al Estado local un desembolso de "seis millones de pesos".