Portada  |  23 abril 2020

Amparo para que el Congreso trate decretos: piden no habilitar feria judicial porque no es caso de violencia de género

Una organización de la sociedad civil presentó un amparo en la Justicia con el fin de que las Cámaras del Congreso de la Nación sesionen para el control de los DNU dictados por el Poder Ejecutivo.

Política

La presentación fue realizada por la Fundación Apolo, que el 14 de abril pasado solicitó que se intimara al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a convocar a sus respectivos cuerpos legislativos, revirtiendo la parálisis del Congreso, en materia de control de los DNU dictados por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Gilligan sugiere al Juez no habilitar la feria judicial para el tratamiento del amparo, con fundamento en que el reclamo no trata sobre cuestiones de salud, familia y violencia de género, razón por la cual dicho proceso “no se encontraría entre los asuntos exceptuados”.

En el escrito de la fundación se sostuvo que “los DNU que ha dictado el PEN desde el inicio del año 2020 a la fecha restringen sustancialmente diversos derechos consagrados en la Constitución Nacional. En ese contexto, el Congreso de la Nación ha incumplido su deber de tratamiento de varios de esos DNU, rehuyendo de ese modo a una de las funciones más importantes que la Carta Magna le asigna”.

En el día de ayer, se conoció el dictamen del fiscal Gilligan que considera “asuntos exceptuados”, en realidad, a meros ejemplos enumerados por la Acordada 6/2020 que rige la feria judicial extraordinaria, los cuales no son excluyentes de otras situaciones.

El artículo 4º de dicha Acordada dice que, a los efectos de la habilitación de actos procesales en la feria, “se deberá tener especialmente en consideración, entre otras, las siguientes materias: (…) no penal: asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género, amparos –particularmente los que se refieran a cuestiones de salud-.”

Se trata de “un dictamen que no sólo va contra una norma que es bien clara, sino que pretende poner en un segundo plano el profundo deterioro de las instituciones republicanas, que se pretende revertir con esta presentación judicial, sin tener en cuenta que dichas instituciones son las que garantizan los derechos por los que, el Señor Fiscal, sí habilitaría la feria”, manifiestan los abogados y dirigentes de Fundación Apolo, Yamil Santoro y José Magioncalda.

El juez de la causa, que podría apartarse de lo dictaminado por Gilligan,  resolverá en breve sobre si se habilita la feria.

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