En las últimas semanas miles de beneficiarios de pensiones no contributivas se vieron sorprendidos cuando, al ir a cobrar su haber, se encontraron con que el mismo no se encontraba depositado.
Tras consultas a diversos organismos se enteraron de que el Estado Nacional les quitó el beneficio por diversas razones: su cónyuge cobra una jubilación mínima, tienen un vehículo a su nombre o un familiar directo cobra un promedio de tres salarios mínimos. El fundamento legal de este accionar se encuentra reglado en el Decreto 432/97.
Lejos de ser casos aislados, esta semana se dio a conocer la noticia de que suman 83.000 las bajas de las pensiones.
Varios beneficiarios que desde el mes pasado se vieron afectados por la medida iniciaron amparos solicitando que se revoquen las bajas. Además, legisladores de Rio Negro iniciaron un amparo colectivo con el objeto de que se anule la medida.
Y la Justicia ya comenzó a opinar: dos jueces fallaron a favor de personas con discapacidad y ordenaron que se restablezca de inmediato el pago de las pensiones por no haberse respetado su derecho de defensa.
"La pensión no es una dádiva, es un derecho", dijo el fiscal Gabriel De Vedia.
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