En el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un peritaje oficial sobre los audios en los que se menciona el supuesto cobro de sobornos del 3% en contrataciones de medicamentos de alto costo.
La medida fue dispuesta por el magistrado, que actualmente subroga el juzgado que estuvo a cargo de Sebastián Casanello, y será llevada adelante por la Gendarmería Nacional Argentina. El objetivo es determinar la autenticidad, integridad y origen de las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval.
El principal apuntado en el expediente es Diego Spagnuolo, quien rechaza el contenido de los audios y sostiene que fueron manipulados. Su defensa, encabezada por el abogado Mauricio D'Alessandro, busca demostrar que el material fue alterado mediante ediciones o montajes, con el fin de cuestionar su validez judicial y solicitar la nulidad de las actuaciones.
Para respaldar esa postura, la defensa designó como perito de parte al especialista en informática forense Marcelo Torok, quien presentó un informe técnico con distintos puntos de análisis orientados a verificar la cadena de custodia del material y detectar eventuales intervenciones digitales. Según la hipótesis defensiva, los audios podrían haber sido construidos a partir de fragmentos de conversaciones obtenidas en contextos diferentes.
Además, los abogados incorporaron un estudio privado elaborado en España que sostiene que existiría una probabilidad del 65% de que las grabaciones hayan sido manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial.
Por su parte, el fiscal Franco Picardi designó a especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para supervisar la pericia. También participan técnicos propuestos por empresarios y compañías farmacéuticas involucradas en el expediente.
Fuentes judiciales remarcaron que la investigación no se apoya únicamente en las grabaciones, sino también en documentación, registros informáticos y otras evidencias incorporadas durante la pesquisa.
Spagnuolo ya fue procesado sin prisión preventiva por presunta asociación ilícita, fraude contra la administración pública, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Sobre él pesa además un embargo de 202.000 millones de pesos.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que existió una estructura destinada a direccionar contrataciones dentro de la ANDIS, con sobreprecios detectados tanto en medicamentos de alto costo como en distintos insumos ortopédicos.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre el presunto circuito financiero utilizado para mover los fondos obtenidos de manera irregular. En ese contexto, el empresario Alan Pocoví fue citado a declaración indagatoria ante sospechas de haber participado en maniobras vinculadas al movimiento de divisas y a la adquisición de criptomonedas con fondos presuntamente desviados del organismo estatal.
Fuente: NA.
