Fuentes judiciales indicaron que Casanello rechazó por improcedente un recurso de Daniel Pérez Gadín, el contador del empresario
que está detenido junto a su jefe en la cárcel de Ezeiza, y que buscaba impugnar la validez de la prueba del dinero, informa DyN.
"Entiendo que no existen razones para desacreditar la validez de la prueba en cuestión, puesto que no se ha demostrado que se haya obtenido de modo ilegal ni mediante un procedimiento irregular que implique la afectación al derecho a la intimidad garantizado constitucionalmente", señaló el juez en su resolución conocida hoy y firmada días atrás.
Pérez Gadín sostenía que las imágenes correspondían a una "reunión privada, captadas por cámaras de grabación también de carácter privado y que no habrían sido aportadas de modo voluntario por ninguna de las personas que se ven en ellas ni por ningún representante de la sociedad o propietario del inmueble en la que los periodistas sostienen habrían sido tomadas".
Pero el juez señaló que el fiscal Guillermo Marijuan destacó que las imágenes pertenecen al sistema de seguridad que funcionaba en la empresa SGI (denominada de manera informal como "La Rosadita"), de Puerto Madero.
El juez entendió que los protagonistas del video "no desconocerían el hecho de que estaban siendo grabados" y por lo tanto "puede presumirse que habrían asumido el riesgo de su posterior difusión por alguna suerte de negligencia o descuido con lo que no puede sostener, sin más, que haya implicado una indebida intromisión a la privacidad".
De esta manera, se descuenta que el juez Casanello tomará como prueba las imágenes registradas por el video a la hora de resolver si procesa a Lázaro Báez y a todos aquellos que se veían en las imágenes: su hijo Martín, el contador Pérez Gadín y su hijo Sebastián; el titular de Top Air, Walter Zanzot; el asesor financiero Fabián Rossi y el presidente de SGI César Gustavo Fernández.
La semana pasada, el intermediario Leonardo Fariña -imputado en la causa- prestó una declaración en calidad de acusado protegido, donde reforzó las sospechas contra Lázaro Báez y disparó una serie de medidas judiciales, tras la imposición del secreto de sumario.
A partir de esa declaración Marijuan imputó a la ex presidenta Cristina Fernández, mientras que Fariña fue liberado en la causa por evasión agravada que se sigue en su contra en la justicia de La Plata.
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