Exoneraron a 800 efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense y hay otros 5000 "sumarios en trámite"

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, ratificó este jueves la decisión política de terminar con el "autogobierno" del Servicio Penitenciario (SP) y dijo que produjo una situación de impunidad que ha derivado en 800 efectivos exonerados desde noviembre y "5 mil sumarios en trámite".

Ferrari agregó que desde que la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso la intervención del SP en noviembre se encontraron "56 personas que estaban condenadas por la justicia y estaban activas, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio, 215 agentes que tenían probation" y, además, "había una situación de impunidad" que "seguimos investigando".

El ministro bonaerense aclaró que de los 5 mil sumarios en trámite "no todas las sanciones" puede ser "expulsivas", por lo que hasta ahora no sabe "cuántos terminarán también siendo desvinculados del Servicio Penitenciario, muchos (están) en disponibilidad preventiva", aparte de los 800 agentes exonerados.

Ferrari sostuvo que "décadas de autogobierno" en el SP hicieron que "la percepción de impunidad estaba consolidada" y contó, en diálogo con radio La Red, que al revisar la situación "encontramos incumplimientos de todo tipo".

Señaló que se descubrió que había "más personal administrativo que personal en las cárceles, médicos que estaban en sus consultorios y cobraban del Servicio Penitenciario y no había médicos en las unidades".

Por eso Ferrari reveló que "estamos ordenando traslados hacia las cárceles y se están produciendo renuncias masivas porque, claro, nunca pensaron en ir a las cárceles algunos médicos. La idea era quedarse en La Plata o en algún otro lugar, cobrar del Servicio
Penitenciario y no ir a ejercer la profesión donde había que ejercerla".

El ministro bonarense precisó que para evitar que se reproduzca el autogobierno en el SP "estamos enviando el nuevo estatuto" a la Legislatura provincial porque el vigente data de 1980 cuando gobernaba la dictadura y, advirtió, "es una estructura en la que evidentemente los derechos humanos, la administración civil no existía".

También Ferrari dijo que está trabajando junto a Vidal para que "poner en agenda las cárceles" y "entender que tenemos que darle (a los presos) educación, trabajo y deporte", que son "un elemento realmente determinante para el futuro y la seguridad de la provincia de Buenos Aires".

En ese marco, anunció que la provincia va a abrir 77 talleres para los reclusos y recordó que "hemos iniciado en la cárcel de Junín con la gobernadora el ciclo lectivo que va a reunir a más de
23 mil alumnos dentro de las cárceles".

Respecto de casos como el de Micaela García, violada y asesinada en Entre Ríos presuntamente por un nombre que tenía libertad condicional tras purgar una condena por delitos de abuso sexual, Ferrari destacó que "hemos llamado a una comisión para redactar el nuevo Código Procesal de la provincia enfocado en la víctima", quien prometió estará "en el centro del proceso penal".

A su vez, reveló que enviará una nota Mariano Borinsky, jurista titular de la comisión que trabaja en la actualización del Código Penal de la Nación, para pedir que se establezca en el código de fondo que "aquellos delitos que sean graves y tengan como consecuencia la muerte o lesiones gravísimas o abusos de integridad sexual sean de cumplimiento efectivo" y la excarcelación no sea a "discrecionalidad de los jueces". (DyN)