Como sucedió en su casa de Recoleta en la capital, y en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, efectivos de seguridad ingresaron a la residencia de la exmandataria por orden del juez Claudio Bonadio, quien lleva adelante el caso conocido como los cuadernos de la corrupción, por el que hay varios empresarios detenidos.
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Mientras la Policía ingresaba a la propiedad, un reducido grupo de personas se acercó al lugar a cuestionar el operativo, al grito de "cirqueros, no van a encontrar nada" y protagonizaron un breve altercado con los móviles televisivos que cubrían el hecho. Un hombre le quitó el micrófono a una periodista del diario La Nación y se lo arrojó en un arroyo ante la mira de efectivos de la PFA que no intervinieron.
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En una larga vigilia que comenzó desde el filo del mediodía, cuando la policía comenzó a ingresar al edificio de Recoleta, decenas de personas se acercaron al lugar a expresar su solidaridad con la expresidenta, quien declaró ser víctima de una persecución judicial descomunal y sin precedentes.
En un capítulo calificado por el abogado de la actual senadora como "un circo", con perros y efectivos de infantería, la Policía ingresó en el piso quinto del edificio del barrio de Recoleta en el primer registro de tres propiedades por la investigación en la causa sobre supuestos sobornos en la obra pública durante su gestión (2007-2015).
El operativo, que incluyó a caninos, escaners de billetes, entre otros artefactos, se extendió por trece horas y mientras esto sucedía en la capital, en Río Gallegos la policía hacia lo mismo desde la tarde hasta casi las 19:00, hora local.
"Hay una manipulación descarada, humillante y grosera de hostigamiento permanente a mi persona, si creen que con esto van a hacer que cambie mis ideas o que me calle la boca no lo haré", apuntó la víspera en el Congreso la exmandataria.
Tras manifestar que el país está ante un grave problema político, resaltó que "si algo faltaba para consagrar el uso del poder judicial como elemento de persecución política en Argentina, era esta causa" y reiteró que desde 2015 le han abierto seis, cuatro de ellas por asociación ilícita.
La investigación por el presunto pago de sobornos se basa en una declaración de la expareja de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del ministerio de Planificación, que entregó a la Justicia los documentos en los cuales supuestamente el empleado habría anotado el traslado de dinero para los sobornos.
Foto: Gentileza Francisco Muñoz/OPI Santa Cruz.
