La jueza federal de Río Grande ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas .
La medida fue dispuesta por la jueza Lilian Herraez, que ordenó además el secuestro de buques y bienes de las petroleras extranjeras que habían sido objeto de una denuncia penal el pasado 21 de abril.
Herraez admitió un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Según la denuncia judicial, las compañías incurrieron en "graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas" en aguas del Atlántico sur.
Según informa el sitio Fiscales, las medidas cautelares sobre bienes de las empresas imputadas que finalmente dispuso la magistrada fueron precisadas el 1° de junio por el fiscal del caso Rapoport, junto con María del Carmen Chena, titular de la -recientemente creada- Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, que se encuentra colaborando en la causa para asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados. "En el marco de este trabajo, requirieron las medidas para asegurar las multas previstas en la legislación argentina, a cuyo fin identificaron los activos de las empresas en el exterior y descubrieron que una de las principales imputadas, la firma estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que impulsaron el embargo de sus bienes", explica el sitio web.
