La repartición “escondida” en el organigrama porteño

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple, al menos, tres aspectos esenciales de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, según se desprende de un informe elaborado por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional y publicado esta semana.

La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 4.895, sancionada hace más de cuatro años, creó la Autoridad de Aplicación de la Ley (versión porteña de la Oficina Anticorrupción que opera en el orden nacional), es decir, el área anticorrupción correspondiente a la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Dicho organismo anticorrupción cuenta con requisitos legales que limitan la injerencia del poder político, como la designación por concurso del funcionario a cargo, con un mandato de cuatro años, dentro del cual la remoción sólo puede ocurrir en caso de inconductas.

Pese a lo que las normas establecen, a mediados de 2017 el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, designó por decreto al titular del órgano anticorrupción, Fernando Javier Rivas.

“Fue sin concurso previo, a dedo, y con carácter ‘transitorio’, tal como lo sostiene el Decreto 241/2017”, señala el abogado José Luis Magioncalda, presidente de “Ciudadanos Libres”, quien agrega: “En efecto, la Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública carece hoy de toda independencia respecto del gobierno de turno para ejercer el control de otros funcionarios”.

“Sin lugar a dudas, estamos ante un servidor público atado de pies y manos a la hora de perseguir a aquellos funcionarios que incumplen las normas de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, subraya Magioncalda.

El informe de la asociación civil llevó meses de elaboración y está disponible en su página web. De él se desprende que “el área anticorrupción de la Ciudad de Buenos Aires elude con excusas inadmisibles su deber legal de difundir en la página web oficial las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios y los listados de servidores públicos que incumplen dichas presentaciones”. Pero los funcionarios incumplidores ni siquiera son intimados a presentar sus declaraciones, destaca el letrado.

FUNCIONARIO DESIGNADO A DEDO Y OTRAS IRREGULARIDADES EN EL ÁREA ANTICORRUPCIÓN DEL G.C.B.A. #Informe #EticaPublica https://t.co/b01yF9kjll

— Ciudadanos Libres (@ciudadanoslib) 5 de mayo de 2018

Pasaron ya varios meses pero a la fecha la repartición anticorrupción no solo no cumplió sus funciones esenciales, sino que tampoco se encargó de la difusión de su existencia en medios de comunicación y redes sociales con el fin de que los porteños conozcan cómo ejercer el control ciudadano sobre sus funcionarios, denuncia "Ciudadanos Libres".

Asimismo, otro grave incumplimiento legal que condiciona el desarrollo de la ética pública en los futuros funcionarios y en los futuros ciudadanos, es la falta de coordinación entre el órgano anticorrupción y el Ministerio de Educación para lograr el dictado de los contenidos específicos de la ética pública en todos los niveles educativos.