El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, mediante resolución unánime, solicitó a los Ministerios de Capital Humano y de Economía la urgente actualización, en línea con la inflación observada, del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la Universidad, particularmente en relación con las partidas vinculadas con la función salud.
El cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial, aprobada en dos oportunidades por el Congreso de la Nación, tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores y trabajadoras. Dicha ley establece, además, como destinos prioritarios de los fondos la mejora de la infraestructura universitaria, el fortalecimiento de las becas estudiantiles, el financiamiento de los colegios preuniversitarios y el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.
Si bien el Consejo Superior solicitó en octubre de 2025 al Poder Ejecutivo Nacional la promulgación y ejecución de dicha ley, el Poder Ejecutivo Nacional sigue sin cumplirla, lo que motivó a las Universidades Nacionales y a la UBA a iniciar acciones judiciales. En la resolución, se destaca que: “la aplicación de esta ley
permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.
La UBA desarrolla una intensa labor asistencial a través de seis hospitales e institutos universitarios que brindan atención de alta complejidad con equidad e inclusión a miles de personas cada año. Estos hospitales e institutos constituyen, además, hospitales escuela que cumplen un rol fundamental en la formación de profesionales de la salud, el desarrollo de residencias, la investigación médica y la producción de conocimiento científico.
Las universidades públicas son centrales en la formación de profesionales estratégicos para el país, graduando, por ejemplo, a casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina.
“Es por ello que se requiere la jerarquización de la función de sus trabajadores y trabajadoras para garantizar la excelencia en las tareas de enseñanza, investigación, extensión y asistencia a la salud. Para el desarrollo de estas funciones, resulta indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias”.
Además, la resolución afirma que: “Promover una educación de calidad en todos los niveles constituye una obligación indelegable del Estado, (...) resulta necesario el trabajo conjunto entre la Universidad y el Poder Ejecutivo Nacional, en atención a los desafíos actuales y al rol estratégico que la educación superior y el sistema científico-tecnológico tienen para el desarrollo de la República Argentina”.
