El abogado José Magioncalda, integrante de Reset Republicano, presentó este lunes un amparo a fin de que el Gobierno porteño cese con la omisión en la que está incurso, respecto de lo normado en el art. 80, último párrafo de la Ley (CABA) de Régimen de Integridad Pública N° 6357 y del art. 41, último párrafo, de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25188.
“ Ambas normas obligan al dictado de la ética pública como contenido específico en todos los niveles de la educación”, señala el letrado de Reset, quien había presentado ya una solicitud de información pública al GCBA, de cuya respuesta surgió que el contenido específico relativo a la ética pública no había sido implementado en los programas de estudio.
En este sentido, de la información aportada por el GCBA, se advierte que no se encuentran incluidos, en la formación de los futuros ciudadanos, aspectos elementales tales como “los principios que rigen el desempeño de los funcionarios públicos, los cuales están definidos en la Ley 6.357, a saber: Preservación del Interés Público; Imparcialidad; Igualdad de Trato; Transparencia y Publicidad; Responsabilidad y Rendición de Cuentas; Austeridad; Razonabilidad”. Y tampoco se incluyen en los actuales ejes curriculares “conceptos de suma relevancia en la materia, tales como el nepotismo, el conflicto de intereses y el no aprovechamiento de la publicidad oficial para autopromoción de los funcionarios públicos”.
Asimismo, en la demanda se cuestiona que “más allá de la supuesta intención que manifiesta la Oficina de Integridad Pública de cumplir acabadamente, aunque de modo progresivo, con su obligación legal, lo cierto es que este deber se encuentra en cabeza del GCBA desde el año 1999 (promulgación de la ley 25188) si nos atenemos a la norma nacional y, respecto de la legislación local, desde el año 2014 (promulgación de la ley 4895, luego reemplazada por la ley 6357, con idéntica redacción en la cuestión que nos ocupa). Y, en este contexto, resulta en extremo preocupante, que la demandada no solo no se ha autoestablecido un plazo para cumplir acabadamente con su cometido, sino que ni siquiera pone plazo a su anunciado inicio de implementación de los contenidos de ética pública en el nivel secundario”.
El expediente quedó radicado bajo el número 98463/2026-0 en el Jugado Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Romina Tesone.
“Desde Reset Republicano consideramos que los casos de corrupción y la deficiente respuesta de los órganos públicos para prevenirlos y sancionarlos, no solo son producto de un sector criminal de la dirigencia argentina, sino también de la ausencia de una adecuada formación ciudadana que habilita la apropiación por parte de algunos, de lo que es común a todos. De la calidad de los ciudadanos depende, también, la calidad de las instituciones”, concluye la iniciativa democrática.
