El Programa Nacional Remediar, uno de los pilares del sistema de atención primaria desde 2002, dejó de funcionar como se lo conocía y pasó de un vademécum de 79 medicamentos esenciales gratuitos, que incluían desde antibióticos y analgésicos hasta tratamientos respiratorios, digestivos y ginecológicos, a concentrarse en apenas tres drogas: amlodipina combinada con losartán, rosuvastatina e hidroclorotiazida, todas orientadas a patologías cardiovasculares; el resto, directamente, quedó fuera del esquema nacional.
La reacción oficial no tardó en llegar: desde la cuenta de X @RespOficial_Arg, la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” del Gobierno, se habló de “mentira descarada” y se defendió una supuesta reorientación estratégica del programa.
El argumento oficial: la Nación debe concentrar recursos en tratamientos de alto costo (oncología y enfermedades poco frecuentes) ylas provincias, como establece el esquema federal, deben asumir la cobertura de los medicamentos básicos; el problema no está en la teoría sino en la implementación, porque hasta ahora no se detalló ningún esquema concreto de compensación financiera ni un mecanismo operativo de transición que garantice que los centros de salud sigan contando con lo que hasta ayer recibían de manera regular, y en sistemas complejos como el sanitario, los vacíos no son neutros, se llenan con falta.
Durante más de dos décadas, el Programa Nacional Remediar no fue un complemento sino una pieza estructural del primer nivel de atención: abasteció a miles de centros de salud en todo el país y permitió sostener tratamientos básicos que evitaban que lo leve escalara a urgencia; sobre esa base, las provincias organizaron presupuestos, logística y cobertura, por eso cuando esa pieza se retira sin reemplazo claro, lo que aparece no es una “reorganización” sino un descalce, algo que ya empieza a verse en los movimientos concretos del sistema: Santa Fe avanzando en licitaciones propias para cubrir el faltante, Tierra del Fuego con su ministra de Salud, Judith Di Giglio, advirtiendo públicamente que el fin del programa genera “gran preocupación” por su impacto directo, y distintas jurisdicciones del norte planteando en el ámbito del COFESA el riesgo de desabastecimiento si no hay una respuesta coordinada.
Los informes de la Fundación Soberanía Sanitaria y los relevamientos provinciales coinciden en un punto incómodo: la reducción del vademécum implica que medicamentos de uso masivo (antibióticos, analgésicos, tratamientos para enfermedades respiratorias, infecciosas o digestivas) dejan de estar garantizados por el esquema nacional, y ahí aparece una de las tensiones más crudas del debate, porque lo que en una planilla puede clasificarse como “bajo costo”, en la vida real no lo es para quien vive al día y depende de ese acceso para no interrumpir un tratamiento o evitar una complicación mayor.
En paralelo, el Gobierno avanza con iniciativas como el Plan Nacional de Calidad en Salud, impulsado por el propio Ministerio que encabeza Mario Lugones, orientadas a mejorar estándares e indicadores, lo que vuelve todavía más evidente la tensión entre el diseño de largo plazo y la fragilidad del presente, porque ningún sistema gana calidad si pierde su base, y el primer nivel de atención no es un detalle administrativo sino el dique que contiene la demanda del resto del sistema; cuando ese dique se debilita, lo que sigue no es eficiencia sino sobrecarga.
Al final, la discusión se ordena sola: no se trata de si el Estado se achica o se agranda, sino de cómo redefine sus prioridades y, sobre todo, a quién deja afuera en ese proceso.
NA
