El fallo no solo desestimó la acusación por estafa presentada por la conducción del colegio, sino que además dejó al descubierto inconsistencias en la estrategia legal impulsada por sus autoridades.
El conflicto se originó en 2020, cuando el director de la entidad, Claudio Ucchino, decidió iniciar una denuncia penal contra las autoridades del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).
El planteo sostenía que la farmacéutica Laura Butticce y el bioquímico Roberto Parlamento, empleados del colegio con sede en Rocamora 4045, no se encontraban afiliados al sindicato, por lo que no correspondía abonar las cuotas sindicales reclamadas.
Sin embargo, la investigación judicial, las pericias caligráficas y documentación incorporada al expediente demostraron que ambos profesionales sí estaban afiliados al sindicato. Las pruebas incluyeron fichas de afiliación con firmas que coincidían con el puño y letra de los trabajadores, así como registros de participación en actividades sindicales y comunicaciones internas destinadas a afiliados.
El 13 de febrero de 2026, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23 que había sobreseído a los dirigentes sindicales denunciados. Con esa decisión quedó firme la conclusión judicial de que la acusación impulsada por el colegio carecía de sustento.
La sentencia también dejó un escenario incómodo para los propios empleados involucrados. Según trascendió en la causa, ambos habrían puesto en duda la autenticidad de sus afiliaciones durante el proceso, lo que podría derivar en problemas legales por falso testimonio si se determinaba que sus declaraciones no se ajustaron a la realidad.
Para la conducción del colegio, en tanto, el revés judicial abre otro frente: el eventual pago de daños y perjuicios por haber promovido una denuncia penal contra dirigentes sindicales que finalmente resultó infundada. La situación genera malestar entre matriculados y trabajadores, ya que los costos del litigio y de una posible reparación económica podrían recaer sobre los recursos de la propia institución.
El caso expone una combinación de mala praxis jurídica, decisiones administrativas cuestionables y una disputa abierta con el sindicato profesional que terminó en un traspié judicial difícil de justificar.
