El Juzgado Federal de Campana –a cargo del magistrado, Adrián González Charvay– intimó al Estado Nacional a acreditar en un plazo de cinco días hábiles avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de un amparo colectivo que tramita por demoras en su cumplimiento. La causa tiene que ver con el recurso presentado contra el Ejecutivo y el Ministerio de Salud, que fue iniciado por un padre en representación de sus hijos.
Según indicaron familiares de personas con discapacidad en un comunicado, a partir de este fallo el Estado deberá presentar “documentos reales” que acrediten el cumplimiento de la sentencia. En este sentido, el juzgado advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino en constancias concretas que demuestren avances efectivos.
Por su parte, tras la definición judicial, la actriz y madre de un chico con discapacidad, Valentina Bassi, sostuvo: "La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios", planteó en Instagram.
La intimación de Charvay incluye un apercibimiento: en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones, entre ellas, multas a los responsables de su no aplicación. A esto se suma un dato técnico: aunque el Estado apeló la resolución, el recurso fue concedido con “efecto devolutivo”, lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado por el juez.
En el expediente N°44035/2025 intervienen también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, lo que refuerza el carácter colectivo y el interés público del reclamo.
